FENADISMER ha recibido con gran satisfacción la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón, dictada el pasado 11 de marzo y recientemente notificada a las partes, que condena a la petrolera British Petroleum (BP) a indemnizar con más de 4 millones de euros a los 3.200 transportistas que se sumaron a la macro demanda colectiva. La reclamación se basó en los sobreprecios abusivos aplicados en la venta de carburantes en España en los últimos años.

Esta acción judicial se sustentaba en la Resolución sancionadora de la Comisión Nacional de la Competencia, que determinó la existencia de prácticas restrictivas en el mercado de los hidrocarburos en España. Dicha resolución fue posteriormente ratificada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, lo que permitió a los transportistas reclamar los daños y perjuicios sufridos al haber pagado un precio superior por el combustible debido a estos acuerdos ilegales.

En su sentencia, el juez concluye que la infracción, mantenida durante más de una década, provocó un sobreprecio medio de 6,96 céntimos por litro de Gasóleo A, alcanzando en algunos años hasta 10 céntimos por litro. Además, considera válidos los cálculos de daños y perjuicios presentados por los peritos, quienes emplearon la metodología de comparación diacrónica, también conocida como «diferencia de las diferencias». Este método, calificado por el juez como “robusto y adecuado”, se basa en el análisis de datos previos a la infracción y durante el período afectado, además de comparar con productos similares no impactados. La sentencia se apoyó en más de medio millón de facturas aportadas por los reclamantes.

FENADISMER ha calificado esta resolución como “pionera e histórica” y destaca su importancia en la lucha contra prácticas anticompetitivas impulsadas por grandes grupos empresariales para elevar artificialmente los precios de bienes y servicios, perjudicando tanto a consumidores particulares como profesionales. La Federación también subraya que, pese a las sanciones impuestas por las autoridades de competencia, en muchos casos las multas han resultado insuficientes para disuadir estas prácticas. Por ello, considera fundamental que desde los poderes públicos se refuercen los mecanismos legales que permitan a los consumidores reclamar judicialmente los perjuicios ocasionados por estas conductas abusivas.

Vía: FENADISMER