La diputada de Infraestructuras Viarias de Guipúzcoa, Aintzane Oiarbide, ha confirmado que uno de los objetivos de la Diputación Foral del País Vasco está estudiando ‘blindar’ las normas que permiten la implantación de peajes en las carreteras de su territorio al igual que se hizo con otras normas fiscales. Para tal fin, el Ejecutivo regional valora crear una Ley Orgánica que permita conferir «seguridad jurídica» al proyecto que permite instaurar peajes en las vías de alta capacidad de la región como la N-1.

El sector del transporte de mercancías por carretera en el País Vasco vive una situación crítica y de gran indefensión en torno a los peajes aplicados en la comunidad. Aunque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado por segunda vez los peajes a los vehículos de transporte de mercancías en las carreteras N-I y A-15, el Ejecutivo vasco parece dispuesto a imponer su idea a través de una Ley Orgánica, evitando así que desde el sector se pueda recurrir cualquier norma foral ante el TSJPV a través de un contencioso administrativo.

En esta línea, Aintzane Oiarbide ha asegurado que «hoy en día cualquiera puede recurrir una normal foral ante el TSJPV por el contencioso administrativo y esto hace que dichas normas sean vulnerables. Aunque las normas forales tienen carácter reglamentario, en la práctica son leyes y debemos protegerlas«. Por este motivo, este proyecto se va a llevar a debate al Parlamento Vasco, buscando elevar una propuesta de Ley Orgánica al Congreso de los Diputados, con el consiguiente informe jurídico que será solicitado a la Diputación.

La diputada ha adelantado que, más allá del inicio de este proceso para convertir la normativa en cuestión en Ley Orgánica, el Ejecutivo del País Vasco va a ir hasta el final con el trámite judicial. En esta línea, está previsto que la Diputación recurra ante el Supremo la sentencia del Alto Tribunal vasco ya que desde el Gobierno regional se entiende que la norma fue redactada de manera escrupulosa, siguiendo en todo momento la directiva europea que ordena el pago por uso de los peajes transeuropeos, negando que sea discriminatoria con los transportistas no residentes en Guipúzcoa.