La Diputación del País Vasco sigue dando los pasos necesarios para dar validez al modelo de peajes de Vizcaya. En esta versión 3.0 de los peajes a vehículos pesados de transporte, las autoridades provinciales están teniendo especial cuidado en diseñar una normativa que evite la ‘discriminación’ que ha tumbado los anteriores reglamentos. Un trabajo progresivo que busca la colaboración del sector transporte, aunque lo cierto es que los representantes de la actividad rechazan de pleno las formas, el fondo y el abuso del Gobierno de Vizcaya con estos peajes.

La Comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de las Juntas Generales del País Vasco ha dado el visto bueno al proyecto de Norma Foral para la regulación de las Carreteras de la región. Con este paso, el proyecto de Norma Foral de Carreteras del País Vasco da un paso más hacia su puesta en marcha y abre la puerta al modelo de pago por uso de las autovías vizcaínas. Mientras tanto, las instituciones provinciales de Vizcaya tramitan la implantación del pago por uso de las autovías y vías de alta capacidad de la provincia para vehículos pesados.

De hecho, las autoridades vizcaínas están empujando a la Diputación del País Vasco a que adopte un modelo similar al que están tejiendo a nivel provincial en toda la región, logrando así que el pago por uso de las autovías para camiones se extienda por toda la Comunidad de manera progresiva, con el máximo consenso político y la colaboración del propio sector del transporte de mercancías por carretera, así como de los agentes sociales que forman parte de todo el mecanismo de la cadena de suministro.

Con estos movimientos, las autoridades provinciales quieren dar respuesta la mandato de las Juntas Generales de Vizcaya para solucionar las disfunciones actuales del tráfico de vehículos pesados en los ejes norte-sur (N-240 y BI-625) y este-oeste (N-366 y N-637). Sin embargo, la realidad es que se quiere imponer un pago por uso de las autovías desproporcionado y que cuenta con el rechazo frontal del transporte vizcaíno con el argumento de que la nueva norma sigue siendo ilegalmente discriminatoria al no estar dirigida a todos los usuarios, incluso si se imponen unas tarifas acorde a la situación de crisis actual.