La situación actual de inflación y de encarecimiento sin control del combustible deja un sector del transporte de mercancías por carretera muy debilitado. Un escenario complejo en el que muchas son las preocupaciones de los profesionales autónomos y empresas de transporte, sin que queda una preocupación más en la actividad. En este punto, la ministra Raquel Sánchez ha vuelto a asegurar que no se implementará un modelo de pago por uso de las autovías en lo que queda de legislatura por falta de consenso y por la compleja situación económica existente.

Aunque hay muy pocos motivos para respirar, el transporte de mercancías por carretera puede sentir cierto alivio. Las palabras de la ministra de Transportes son claras, no habrá un modelo de pago por uso de las autovías en esta legislatura ante la falta de consenso y la actual crisis económica del sector transporte por el incontrolado aumento del precio del combustible. Una situación que casi obliga al Gobierno a no imponer peajes en las autopistas, autovías y vías de alta capacidad actualmente gratuitas, ya que podría ser el último clavo en el ataúd del sector transporte.

En concreto, Raquel Sánchez ha asegurado durante un encuentro organizado por Deloitte y ABC: «El Gobierno va a realizar un estudio de alternativas, pero la situación económica actual desaconseja acometer esta medida. En este entorno y contexto hay que atender la situación económico y a los sectores más afectados, siendo el transporte uno de ellos. Se planteará en el momento más propicio y siempre con consenso, pero ahora no se dan las bases para facilitar este contexto, por lo que a corto plazo difícilmente podremos contemplarlo».

Aunque exista cierta tregua con el sector y el compromiso de no aplicar el modelo de pago por uso de las autovías a corto plazo, la ministra ha recordar que este sistema de tarificación de las vías de alta capacidad se llevará a cabo porque el Gobierno ya se ha comprometido a aplicarlo ante Bruselas. La aplicación de peajes a camiones y otros vehículos se recoge en el proyecto de la Ley de Movilidad Sostenible. Parece difícil en cualquier caso que el Gobierno vaya a contar con el consenso necesario o la aprobación del sector transporte.