La polémica suscitada por la puesta en marcha del proyecto para el pago de peajes por uso en las autovías de España ha llevado al Gobierno a dar un paso atrás. O no, la verdad es que es difícil saberlo. Lo que si está claro es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está intentando por todos los medios enmascarar el alcance real de la propuesta, todo tras ver como su presencia en el texto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas salía a la luz antes de lo previsto.

El Gobierno está trabajando a marchas forzadas para enfriar los ánimos ante la propuesta de pago por uso de las autovías incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas. Un documento en el que esta medida está sujeta a un proyecto en firme y con un plazo de puesta en marcha concreto. Sin embargo, el Ejecutivo ha cambiado su discurso y ahora dibuja un periodo de tres años en el que más que negociar pretende aplicar una enorme campaña de concienciación y sensibilización para justificar la necesidad de esta medida.

El propio ministro José Luis Ábalos, al frente de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya ha asegurado en el parlamento que «se trata de una medida de reflexión. Lo único que hay es una reflexión, una invitación a que debatamos. ¿Qué no es posible debatir? Se tomará nota también». No contento con esto, Ábalos ha ido un paso más lejos dentro de esta estrategia al afirmar que «no hay ningún plan con los peajes. Se trata de abrir un debate sobre política pública, llámese pago por uso o llámese cualquier otra cosa».

Contrasta este tipo de declaraciones con las emitidas por el propio ministro Ábalos hace tan sólo dos semanas, en las que aseguraba que los peajes por uso eran necesarios como gesto hacia Europa si se quería recibir el dinero de los Fondos Europeos. Algo así como una señal de sintonía con la Unión Europea. Sin embargo, todo hace indicar que estamos ante un caso de ‘donde dije digo, digo Diego’, sin que importe la política de reversión de las concesiones previa, el descontento del sector transporte o el nulo consenso político y social con esta medida.