El Gobierno quiere investigar 450.000 contratos y convertir a 70.000 trabajadores temporales fraudulentos en indefinidos mediante actuaciones de control del fraude laboral, con las que además ingresará 1.050 millones de euros en 2019.

Según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, la inversión en lucha contra el fraude para este año es la misma cuantía que en los dos años anteriores.

Estas actuaciones serán desarrolladas por el Organismo Autónomo Estatal de Inspección en el Trabajo y Seguridad Social, que por primera vez en 2019 cuenta con presupuesto propio que asciende a 157,4 millones de euros.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social lleva presupuestada la realización, por primera vez, de 25.000 actuaciones para controlar el tiempo de trabajo en las empresas, que buscan incrementar la jornada de parcial a completa de 23.000 trabajadores.

Estas medidas están incluidas en el Plan Director por un trabajo digno 2018-2020 aprobado a mediados del año pasado para luchar contra el abuso y fraude en la contratación temporal y en la contratación a tiempo parcial con excesos de jornada y horas extra no pagadas ni cotizadas.

Para ello es fundamental el convenio suscrito entre la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social para realizar campañas en empresas que efectúan altas y bajas sucesivas a la Seguridad Social del mismo trabajador, con el objetivo de comprobar si existe declaración por las vacaciones devengadas y no retribuidas.

Asimismo, mediante este convenio de colaboración se investigan las sociedades que presentan anomalías en la declaración de horas extraordinarias y aquellas que abusan de la temporalidad y la parcialidad en la contratación de trabajadores.

En el caso de las horas extra, la Inspección actuará si las empresas comunican bases de cotización y número de horas con una «relación anómala», para lo que es decisiva la información que proporciona el sistema de liquidación directa.

Por ello, la Inspección verificará que se cumplan correctamente las obligaciones de alta y cotización en sectores y empresas que difieran de los datos medios de empresas similares del mismo sector.

Se mantiene la vigilancia en la derivación de responsabilidad de deuda, encuadramientos indebidos, empresas deudoras insolventes con actividad, sociedades que no transmiten la información de los conceptos retribuidos abonados, empresas ficticias y altas fraudulentas.

Para ello, y como novedad también este año, la Inspección llevará a cabo 20.000 actuaciones de control y vigilancia en materia salarial y 2.200 visitas a centros de trabajo para descubrir hasta a 3.000 trabajadores fraudulentamente encuadrados como «falsos becarios«.

Otra de las novedades es la lucha contra distintas formas de economía irregular, como las que representan la figura del falso autónomo y las empresas buzón o las plataformas de internet y comercio electrónico, iniciativas que beneficiarán a 20.000 y 10.000 trabajadores, respectivamente.

Por otro lado, otras 25.000 personas se verán beneficiadas de la defensa de los derechos de los representantes de trabajadores y sindicatos, que también incidirá sobre otras 8.000 personas discriminadas por tener una discapacidad y 23.000, por razón de género.

La prevención de la siniestralidad laboral es otro de los objetivos fundamentales del Ministerio de Trabajo, para lo que se van a realizar 85.000 visitas a empresas como labor preventiva de riesgos en el lugar de trabajo.