El Real Decreto para paliar los efectos de la invasión rusa de Ucrania tiene un presupuesto de 16.000 millones de euros e incluye medidas sociales, económicas y líneas de ayudas directas a los sectores más afectos por esta situación. Aunque el transporte de mercancías por carretera es uno de los grandes focos de estas ayudas, entre otras cosas por el paro que ha mantenido el sector, lo cierto es que el sector del transporte marítimo también ha recibido una serie de ayudas para mejorar la situación de la actividad.

De hecho, el Real Decreto establece algunas prescripciones que afectan al ámbito portuario y del transporte marítimo, medidas que conviene desgranar. Atendiendo a la especial situación de los puertos extra peninsulares de Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares, el Gobierno ha optado por reducir las tasas portuarias para buques y para la mercancía con el objetivo de mejorar las condiciones de explotación de los servicios de conexión con la península y paliar el incremento de los costes que están viviendo.

Al igual que el descuento de 20 céntimos por litro de combustible en el sector del transporte por carretera, la bonificación se aplicará del 1 de abril al 30 de junio con carácter transitorio y extraordinario. En concreto, se aplica una bonificación del 80% de la cuota tributaria final, aunque no será de aplicación en los puertos de origen y destino peninsular ni tampoco para los servicios de tráfico interinsular y las líneas de conexión con terceros países. Además, el Estado ha previsto un crédito extraordinario de 5,5 millones de euros para compensar la pérdida de ingresos de las entidades portuarias.

El Ejecutivo también ha fijado un protocolo para eliminar o reducir los tráficos mínimos que se exigen a los titulares de los puertos en aquellas instalaciones que están viendo reducida de forma notable el tránsito por la actual situación de crisis geopolítica o por el desmesurado aumento de los gastos energéticos. La medida se realizará a instancias del concesionario con pruebas que determinen este descenso de la actividad en relación a 2021. Por último, quedan exentos de la tasa de pesca fresca durante un periodo de seis meses los armadores de los buques o embarcaciones pesqueras, por lo que la pérdida de ingresos que van a sufrir las autoridades portuarias se tendrá en cuenta como criterio correcto en el reparto del Fondo de Compensación Interportuario del año 2023.