El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha abierto la consulta pública del Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, primer paso de cara a la tramitación y aprobación de esta nueva normativa. Con el fin de responder a la difícil situación que atraviesa el sector, el texto del Ejecutivo central propone distintas medidas para combatir los desafíos a nivel económico, social y medioambiental a los que se enfrenta el transporte de mercancías por carretera en la actualidad.

Aunque esta normativa se dibuja como una solución a algunos de los problemas del transporte de mercancías por carretera, hay distintos puntos que tienen atentos a los grandes responsables del sector. No obstante, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte contempla un cambio en la fiscalidad sobre las fuentes de energía y los medios de transporte, lo que se puede traducir en un aumento del volumen de impuestos aplicados al gasóleo. Sin embargo, este no es el punto más preocupante del nuevo texto.

De hecho, uno de los temas más polémicos hace referencia a la financiación de las infraestructuras del transporte. Si bien el objetivo es garantizar una planificación rigurosa para la creación de un modelo sostenible de financiación, la realidad es que se dibuja la posibilidad de aplicar un modelo de peajes centrados en los vehículos de transporte para la correcta conservación y mantenimiento de las carreteras. Y para colmo, el texto habla de «mejorar la competitividad del transporte y la logística», sin concretar si esto se refiere a la posible llegada de los camiones de 44 toneladas y 4,5 metros de altura.

Pese al compromiso del Ministerio de Transportes de no establecer la euroviñeta -pago por uso de las autovías- o la aprobación de los camiones de 44 toneladas y 4,5 metros de altura sin la aprobación y consenso del sector, la realidad es que el Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte deja más dudas que certezas. De hecho, ni siquiera hay una garantía de que el Gobierno cumpla su palabra de eximir al transporte de carácter profesional de la citada subida de la fiscalidad del diésel que parece estar muy cerca.