El pago por uso en las autovías es una realidad. No de forma inmediata, pero sí a corto plazo. De hecho, el Gobierno ha dado los primeros pasos para dar forma a este proyecto a través de la promesa a Bruselas de implantar este modelo de pago en las autovías en el ejercicio 2024. Un sistema de pago por uso que será aplicable tanto a transportistas profesionales como a usuarios particulares y que incluso puede extenderse al resto de vías según los planes del Ejecutivo.

Las cartas ya están sobre la mesa. El Gobierno tiene previsto implatar un sistema de pago por uso en la red estatal de vías de alta capacidad -autovías y autopistas- a partir de 2024, modelo que incluso quiere extender a toras las carreteras de gran capacidad del país, tanto nacionales como regionales. Así consta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha sido remitido a Bruselas por el Gobierno de Pedro Sánchez, donde se especifica que es una ley en fase de elaboración, que tiene un carácter transversal e incluye competencias de varios ministerios.

Este modelo supondría una revolución en el sistema recaudatorio español, ya que jamás se ha aplicado una medida fiscal de tal calibre. Quizá por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez dibuja la llegada de este modelo de pago a modo de ‘ensayo’ en 2024, siempre a aplicar en los 12.000 kilómetros de autovías y autopistas estatales. Sin embargo, la idea final es implantar el modelo en los 14.000 kilómetros de carreteras nacionales de un solo carril que conforman la red estatal, así como en las vías de alta capacidad bajo control autonómico, negociación mediante.

Pese a que el texto remitido a Bruselas deja muy poco lugar a dudas, fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana señalan que el proyecto está destinado solamente a las vías de alta capacidad. De igual forma, indican que se trata de un modelo de pago por uso que pone a España en convergencia con el resto de Europa y los modelos de peajes extendidos en gran parte de su red viaria de las principales economías continentales. La pregunta es si España puede ponerse a esa altura.

Desde el Gobierno se señala además que el proyecto no se ejecutará hasta 2024 para evitar que su puesta en marcha llegue en plena crisis económica por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, lo más sorprendente es que se insiste en que el modelo de pago se llevará a cabo con consenso político y de la mano del sector transporte, cuando la oposición ha sido frontal. Una oposición que no cambia ante la promesa de un modelo que afectará a particulares y que, en teoría, incluirá tarifas asumibles que dentro del sector transporte no serán asumidas por los propios transportistas y sí por las empresas contratantes.