El Gobierno ha anunciado a través de su secretaria de Estado, Isabel Pardo Vera, la puesta en marcha de una línea de ayudas con un presupuesto de 400 millones de euros para incentivar la renovación de las flotas de camiones y autobuses del país. Este programa será gestionado por las distintas Comunidades Autónomas a partir de los fondos suministrados por el Ejecutivo central, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Con esta medida, la Administración pretende favorecer la descarbonización del transporte.

Dentro del programa de transformación del transporte profesional hacia modelos digitalizados y de mayor sostenibilidad, esta línea de ayudas supone un importante impulso. Con todo, cabe señalar que para su puesta en marcha hay que elaborar un Real Decreto que se presentará en el Consejo de Ministros para su aprobación, presumiblemente a lo largo del mes de noviembre. Sólo así se podrán materializar esta línea de ayudas directas a las distintas Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este Real Decreto también servirá para definir los requisitos de estas ayudas.

La distribución de las ayudas entre las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla se hará en función del número de vehículos de transporte pesado que están matriculados en cada uno de estos territorios, tanto en modalidad de transporte público como privado, ya sea de viajeros o de mercancías. Lo que sí está claro ya es que los destinatarios últimos de esta línea de ayudas serán los titulares de las autorizaciones de servicio público o privado complementario. Sólo así se conseguirá una transformación del actual parque de vehículos pesados de transporte.

Aunque esta línea de ayudas se ha diseñado para acelerar la reactivación industrial e impulsar el sector del transporte profesional, favoreciendo la descarbonización de las flotas con el fin de mejorar la calidad del aire de los entornos urbanos e industriales, cabe señalar que todo el presupuesto no estará disponible a la vez. De hecho, habrá una partida inicial de 174 millones de euros a cargo de los presupuestos de 2021. Esta partida estará vigente hasta 2024 y se irán ampliando en función de la demanda hasta llegar a los citados 400 millones de euros.