Los efectos de la pandemia de COVID-19 siguen causando graves estragos en la sociedad en general y en el sector del transporte de mercancías por carretera en particular. Ante esta situación, el Gobierno de España ha ampliado la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y el sistema de ayudas a los autónomos. Sin embargo, estas no han sido las únicas medidas tomadas por el Ejecutivo, toda vez que el Gobierno de Pedro Sánchez también ha ampliado los plazos de la moratoria de pagos de los procesos de ‘renting’ y ‘leasing’.

Los profesionales autónomos y empresas de transporte o de otras áreas que adquirieran un vehículo comercial o industrial para el transporte de mercancías o pasajeros de más de 3.500 kilos de Masa Máxima Autorizada (MMA) bajo las modalidades de ‘renting’ y ‘leasing’ se beneficiarán así de esta moratoria en los plazos de pago, segunda que se aplica tras la puesta en marcha durante el pasado mes de julio. Por entonces, la prórroga se fijó en seis meses, plazo que se ha dibujado insuficiente dado los perjuicios económicos de la pandemia en el sector.

Por esta razón, tras la demora de pago en las cuotas de hasta seis meses aprobada en 2020, el Gobierno ha ampliado la moratoria de pago en los procesos de ‘renting’ y ‘leasing’ hasta los nueve meses, extendiendo así la prórroga hasta el 30 de marzo. Una excelente noticia dentro de un escenario en el que la actividad sigue una tendencia a la baja y la morosidad en el sector del transporte de mercancías por carretera no deja de crecer, con una media de plazo de pago fijada en 84 días.

En este aspecto, cabe recordar que los profesionales autónomos y empresas de transporte que quieran auspiciarse bajo esta prórroga de los plazos de pago de los procesos de ‘renting’ y ‘leasing’ deben acreditar ante la entidad bancaria que como consecuencia de la pandemia de COVID-19 han sufrido una caída de su facturación de la menos un 40% a través de una comparativa interanual con sus registros de 2019. Este requerimiento es idéntico para los solicitantes que ya se acogieron a esta medida en 2020 como para los nuevos requirentes.