La pandemia de COVID-19 ha paralizado el sector del transporte de mercancías por carretera en muchos aspectos, siendo uno de los más destacado la detención casi total de los trámites administrativos asociados a la propia actividad. Con el inicio de la desescalada y el cada vez más cercano final del Estado de Alarma, el Gobierno de España ha definido una serie de puntos a la hora de regular la prórroga de ciertos trámites que no van en consonancia con la norma impuesta por la Unión Europea, generando una situación de descoordinación administrativa.

La Unión Europea ha elaborado y aprobado con carácter de urgencia un conjunto de medidas específicas y temporales con las que regular la prórroga aplicada en la validez de los permisos, licencias y certificados que expiraron durante la pandemia de COVID-19. Aprobado a finales de mayo, este reglamento armoniza este tipo de excepciones a la regla en todos y cada uno de los Estados miembro, algo que no parece haber sido suficiente para el Gobierno de España, ya que ha decidido establecer su propia regulación nacional.

La falta de un criterio único para regular todos los trámites administrativos que no han podido realizarse durante el Estado de Alarma genera una enorme inseguridad jurídica, así como una posición de desigualdad de los transportistas y empresas españolas respecto a las compañías de otros países. Desde FENADISMER se denuncia esta descoordinación e incoherencia, ya que genera gran incertidumbre en todos los ciudadanos y empresas que deben renovar sus permisos y autorizaciones caducados durante el Estado de Alarma. Además, desde la Federación se denuncia los plazos dispares entre los diferentes trámites.

Para FENADISMER, esta situación supone un grave contratiempo para el sector. Desde la Federación señalan la ‘trampa’ programada en la ITV, en la que se pondrá la pegatina con fecha del día que venció el plazo o la prórroga incompleta en los permisos y licencias de conducción, sólo aplicada hasta el 31 de mayo y no hasta el final del Estado de Alarma como ejemplos de la gestión errática del Gobierno. Un punto que además contradice la prórroga de los permisos de conducir para mercancías peligrosas, ampliada su validez hasta el 30 de noviembre.