La Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (FROET) ha vuelto a reclamar la aprobación de un marco normativo que permita la realización de controles preventivos de alcohol y drogas a los conductores profesionales por parte de las empresas. En la actualidad, las compañías de transporte no pueden realizar este tipo de controles a sus trabajadores, ni siquiera al amparo de la normativa de prevención de riesgos laborales. Hasta ahora, este tipo de test son de carácter voluntario, sujetos así a la decisión del propio chófer.

FROET lleva reclamando desde 2017 un cambio normativo para que los controles preventivos de alcohol y drogas dejen de tener carácter voluntario y las empresas tengan potestad para realizarlos. Un cambio de legislación sujeto al texto de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales y de Seguridad Vial que permitiría evitar los riesgos que conlleva el desarrollo de la actividad de conductor profesional de autobuses o camiones bajo los efectos del alcohol y/o de sustancias estupefacientes, tanto para trabajadores por cuenta ajena como para autónomos.

El secretario general de FROET, Manuel Perezcarro, ha insistido en la necesidad de aplicar este cambio normativo de forma urgente: «Reiteramos la necesidad de estos controles aleatorios obligatorios por parte de las empresas. También la obligatoriedad anualmente de una revisión médica específica para todos los conductores profesionales, sean autónomos o asalariados, para que puedan mantener su permiso de conducir en vigor. Hay que evitar sucesos como los que han acontecido recientemente en Cataluña y que manchan el buen hacer del sector».

Cabe recordar que, en los últimos coletazos de la anterior legislatura, representantes del sector transporte tuvieron distintas reuniones con varios de los grupos parlamentarios con representación en la Cámara Baja con el objetivo de impulsar la necesaria modificación legal que ampare estos test de alcohol y drogas preventivos. FROET seguirá trabajando en este aspecto en su objetivo de fomentar la seguridad laboral y vial, trabajo en el que intentará contar con la colaboración de las distintas fuerzas políticas, la DGT y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.