Según ha anunciado hoy Fenadismer, Francia ha derogado la tasa de 40 euros por cada trabajador desplazado que el Ministerio de Empleo francés pretendía cobrar. Esta tasa podría haber afectado hasta 20.000 conductores españoles que diariamente cruzan la frontera.

Desde 2016 se aplica la nueva regulación francesa sobre desplazamiento temporal de trabajadores en dicho país (Ley Macron) que establece que todas las empresas transportistas que se desplacen a dicho país para realizar transporte internacional o interior (cabotaje) deberán llevar a bordo de los vehículos de transporte la documentación obligatoria acreditativa de que el conductor asalariado percibe, al menos, el salario mínimo establecido en el país galo.

Esto debía justificarse mediante la expedición de una declaración de desplazamiento que se tramita electrónicamente, y en la que figuran los datos de la empresa transportista, del conductor y su retribución salarial, así como una copia del contrato de trabajo.

Al amparo de dicha regulación, el Ministerio de Trabajo francés aprobó el pasado mes de Mayo el establecimiento de una tasa de 40 euros por cada trabajador desplazado en territorio francés, que entraría en vigor en Enero de este año, a fin de contribuir financieramente a compensar los costes de la puesta en marcha y funcionamiento del sistema informático de control de los trabajadores desplazados.

Frente a dicha pretensión abusiva, FENADISMER presentó la correspondiente denuncia ante la Comisión Europea, por considerar que la imposición de dicha tasa vulneraba manifiestamente la Directiva europea sobre desplazamiento de trabajadores desplazados así como por afectar a los principios fundamentales de libre circulación de personas y mercancías establecidos en el Tratado de la Unión Europea.

Ello ha obligado a recular al Ministerio francés en dicha pretensión, lo que ha motivado que el pasado 9 de Febrero se haya dictado mediante el Decreto 2018-82 la derogación definitiva de la referida tasa, al considerar que su imposición “no está justificada” y se considera “una medida proteccionista” incompatible con la legislación europea, según se señala en el citado Decreto aprobado por el Gobierno galo.