La Fiscalía del Tribunal Supremo ha calificado de «maliciosa» la actuación de la Diputación de Guipúzcoa de declarar incompetente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco con el fin de salvar la normativa que permite el peaje a camiones en sus carreteras, texto que ha sido declarado ilegal hasta en dos ocasiones. En este aspecto, cabe recordar que la Diputación provincial presentó un recurso de forma extemporánea para poner en duda la competencia del Alto Tribunal de Justicia Vasco en el caso de los peajes.
La respuesta del Fiscal del Tribunal Supremo ante esta actuación orquestada por la Diputación de Guipúzcoa a la desesperada no se ha hecho esperar y ha sido contundente. No obstante, el Fiscal ha considerado «maliciosa» la forma de proceder de la Diputación acusando de querer impedir que se pronuncie el Tribunal Supremo ante el recuso de casación planteado en su día por la propia Diputación con el fin de evitar un fallo que probablemente sea desfavorable para los intereses del Ejecutivo provincial.
La Diputación de Guipúzcoa ha decidido llegar hasta el final en su idea de mantener los peajes a vehículos del transporte de mercancías por carretera en sus vías de alta capacidad. Sin embargo, las reiteradas manifestaciones del Ejecutivo en público mostrando cierta tranquilidad contrastan con los traspiés judiciales que está recibiendo la ley que regula estos peajes a camiones puesta en marcha en 2018. Los malabarismos judiciales de la propia Diputación son muestra de ello, más si cabe al tratar que sea declarado incompetente el TSJ del País Vasco, órgano que por dos veces ha declarado ilegales estos peajes.
Sea cual sea la decisión final tomada por el Tribunal Supremo sobre estos peajes, la actuación de la Diputación de Guipúzcoa deja patente su afán recaudatorio. En palabras del Fiscal del Tribunal Supremo, la Diputación tiene un «malicioso propósito de impedir el pronunciamiento del Tribunal Supremo en un intento por evitar el fallo del recurso al presumirlo desfavorable». Una resolución que, como en las dos resoluciones del TSJ del País Vasco, debería dictaminar estos peajes por atenta contra un principio tan fundamental como es el de la no discriminación.