El céntimo sanitario estuvo activo durante más de 10 años hasta que e Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró este impuesto ilegal. Este recargo sobre el precio de la gasolina y el Diésel para ayudar a financiar la sanidad pública fue tumbado por la justicia europea al indicar que vulneraba la normativa europea en materia de tributación sobre los combustibles. Con todo, para cuando fue declarado no válido, las arcas del Estado habían logrado recaudar casi 13.000 millones de euros.

Desde que fue declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el transporte de mercancías por carretera ha peleado para que se produzca la devolución de este impuesto, sin demasiado éxito. El Gobierno y la Agencia Tributaria han ido poniendo una serie de trabas para que la devolución de los 4,8 céntimos por litro se fuera estancando. Cifra que nacía de los 2,4 céntimos de la parte estatal obligatoria de este impuesto y los 2,4 céntimos que podían añadir de forma voluntaria las Comunidades Autónomas.

De hecho, la devolución de lo recaudado ilegalmente durante más de una década se ha ido enquistando y casi ha habido que esperar otra década para conseguir el retorno de sólo una pequeña parte del total ingresado por las arcas públicas, incluso si el Tribunal Supremo llegó a reconocer en 2016 que había que devolver las cantidades recaudadas durante todo el tiempo de vigencia del impuesto y no sólo de los últimos cuatro años como pretendía la Agencia Tributaria.

Aun así, ha habido que esperar otros seis años desde esa sentencia para que el Ministerio de Hacienda empiece a devolver de forma más voluminosa este céntimo sanitario, en un movimiento del todo inexplicable porque la falta de presupuesto que se ha alegado para retrasar el pago ahora se ha convertido en intereses de demora para los beneficiarios. Una devolución en la que FENADISMER tiene gran parte de culpa, ya que la federación ha presentado sucesivas reclamaciones para que sus asociados reciban unos 100 millones de euros de lo recaudado ilegalmente.