Ante la decisión del Gobierno estatal de no implementar peajes en las autovías y carreteras españolas, debido a las repercusiones negativas para la economía y, en particular, para las exportaciones hacia el resto de Europa, la Diputación de Vizcaya ha optado por una postura contraria y ha decidido establecer peajes para camiones en las principales vías nacionales que atraviesan la provincia.

Esta medida se ha materializado mediante la instalación de numerosos arcos de control en diversas carreteras provinciales, inicialmente en la BI-625 y la N-240, y a partir de este 1 de julio, se ha extendido a las carreteras A-8, N-636, BI-10 y BI-30 (anteriormente N-637). Los peajes se gestionan mediante un sistema de comprobación de matrículas gracias a la tecnología free-flow instalada en los arcos, que calculará el importe en función de la categoría Euro del vehículo, cargando directamente el peaje a la empresa transportista propietaria del camión sin necesidad de detenerse.

Según estimaciones de la Federación, el sobrecoste que esta medida supondrá para los autónomos y empresas que transitan por estas vías será de unos 600 euros mensuales, lo que tendrá un claro efecto inflacionista, afectando principalmente a los transportistas vizcaínos.

Por esta razón, FENADISMER considera que los nuevos peajes aprobados obedecen a un mero «afán recaudatorio» por parte de la Diputación de Vizcaya, dado que el sector del transporte por carretera ya contribuye ampliamente, vía impuestos, al mantenimiento de las carreteras vizcaínas. Esto se evidencia en el hecho de que en dicha provincia se consumen anualmente casi 500 millones de litros de gasóleo A, principalmente por vehículos de transporte, lo que permite a la Diputación Foral recaudar aproximadamente 150 millones de euros al año solo por el impuesto de hidrocarburos.

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