La mayoría de las cooperativas denunciadas están promovidas y gestionadas por un mismo grupo de gestores, quienes aprovechan las ventajas fiscales del régimen de módulos. Hasta la fecha, la Administración no ha logrado erradicar estas prácticas, a pesar de las denuncias recurrentes presentadas. Aunque este comportamiento fraudulento afecta a menos del 10% de las cooperativas del sector, perjudica la reputación del resto, que trabajan de manera legítima.

En la última década, y amparándose en las prórrogas del régimen de módulos en el transporte, ha surgido un fenómeno de intrusismo e ilegalidad. Este esquema, promovido por ciertos gestores, utiliza fraudulentamente la figura de la cooperativa para permitir el acceso de nuevos emprendedores al sector, generando competencia desleal con otras cooperativas y empresas del transporte por carretera.

A pesar de las denuncias reiteradas ante la Inspección de Transportes por incumplir la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres tras su reforma en 2013, y de que desde 2018 el Ministerio de Transportes lo haya incluido como una prioridad en su Plan anual de Inspección, estas prácticas fraudulentas no solo persisten, sino que han crecido significativamente. Los responsables han aprovechado las ventajas fiscales del régimen de módulos para consolidar sus operaciones.

Desde la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte (Fenacotrans), se han detectado irregularidades en los requisitos administrativos de estas cooperativas, como el uso simultáneo de un mismo gestor de transporte para varias cooperativas, algo prohibido por la normativa sectorial. Esto podría reflejar una falta de control por parte de la Administración competente.

Aunque las cooperativas fraudulentas representan solo un 10% del sector, han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, alcanzando más de mil asociados que aparentemente operan con impunidad.

Por este motivo, Fenacotrans ha interpuesto una querella criminal ante la Fiscalía Anticorrupción contra estas cooperativas y sus gestores, acusándolos de presuntos delitos tributarios y otros ilícitos. En la denuncia se detalla el modus operandi utilizado para dificultar la detección del fraude por parte de las Administraciones.

Fenacotrans denuncia que estas prácticas no solo perjudican la imagen de las cooperativas legales, sino que atentan contra su carácter social. Aunque las cooperativas de transporte representan menos del 1% de las empresas del sector en España, su contribución al empleo estable y a la economía local es significativa, ya que no recurren a procesos de deslocalización. Por ello, Fenacotrans rechaza que el mal uso de estas pseudo-cooperativas sirva para desprestigiar una figura empresarial esencial para el desarrollo socioeconómico.