El pago por uso de las autopistas, que podría suponer una puntilla para el sector del transporte en España, sigue en boca de algunas instituciones que pretenden extender este sistema a nuestra red de carreteras. Ahora ha sido el turno del Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han abogado por explorar la posibilidad del pago por uso para las vías de alta capacidad, lo que «ayudaría a internalizar las externalidades medioambientales y de congestión, acercando los costes privados a los sociales».

El Consejo General de Economistas y Fedea han celebrado una sesión titulada ‘Infraestructuras del transporte: desarrollo actual y posibilidades de futuro’, con objeto de analizar en profundidad las distintas variables, tanto cuantitativas como cualitativas, que hacen que a pesar de que España sea el segundo país del mundo con la red más extensa de vías para trenes de alta velocidad y el tercero con más autopistas y autovías, esta situación no se traduzca en una clara ventaja competitiva para el país, e intentar aportar ideas para su mejora.

Los expertos del CGE y de Fedea consideran que la política de infraestructuras de España es «francamente mejorable» y que se han invertido enormes cantidades de recursos en la construcción de infraestructuras punteras, que a menudo «resultan redundantes o excesivas en relación con las necesidades existentes y se ha descuidado el mantenimiento de redes esenciales de transporte».

UNA DE LAS REDES DE TRANSPORTE MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO

En esta línea, en la apertura del acto, el presidente del CGE, Valentín Pich, ha señalado que España dispone de una de las redes de infraestructuras de transporte «más importantes del mundo», pero cabría preguntarse si «todas estas infraestructuras son realmente eficientes y si están mejorando la competitividad como debieran».

Por ello, según Pich, «habría que definir un modelo de financiación equilibrado que permitiera tanto asegurar los recursos necesarios para realizar nuevas inversiones como para mejorar la red actual».

De esta manera, los economistas aconsejan que sería necesario evitar la sobreinversión en determinados mercados y la no adecuación de las infraestructuras a la demanda, así como desplazar una parte mayor de los costes del sistema de transporte hacia sus usuarios a través de cargos o peajes, «lo que ayudaría a internalizar las externalidades medioambientales y de congestión».

También abogan por establecer unas reglas «claras» de funcionamiento y reparto de riesgos y responsabilidades en la colaboración público-privada, así como intentar alcanzar un acuerdo institucional entre los partidos políticos en materia de financiación de infraestructuras.