Las negociaciones entre el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y el Gobierno han terminado con la desconvocatoria del paro patronal previsto para hoy 20 de diciembre, 21 y 22. Aunque la nota del CNTC que certificaba el acuerdo fue realmente escueta, la reunión de más de 11 horas en la sede del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sienta un precedente y las bases de un teórico nuevo futuro para la actividad. De hecho, gran parte de las promesas del Gobierno deben quedar ratificadas con un Real Decreto que permite que estén en vigor en un plazo máximo de 60 días, en febrero de 2022.

¿Y qué promesas y medidas son esas? Pues bien, el resumen comienza con la prohibición para los conductores de realizar las tareas de carga y descarga, siendo indistinto el tipo de permiso de conducir y si son chóferes asalariados o autónomos. La prohibición de la carga y descarga no sólo afecta a la mercancía, sino también a los soportes y elementos ajenos a la misma. La normativa sí que incluirá excepciones por la especificidad de la mercancía para mudanzas, paquetería, servicios portavehículos, camiones grúa, camiones cisterna y cualquier otro camión que utilice un mecanismo para su carga y descarga.

La normativa para prohibir la carga y descarga tendrá un periodo de transición de seis meses y un régimen sancionador para cargadores, pero también para transportistas que consientan que sus conductores realicen estas tareas. Además, el acuerdo contempla que el concepto de tiempo de espera legal sea de una hora para que la empresa cargadora realice las tareas de carga y descarga del camión. A partir de ese tiempo, el transportista tiene derecho a exigir una indemnización por paralización. Si no hay acuerdo, se podrá recurrir gratuitamente a las Juntas Arbitrales de Transporte.

Al margen de la carga y descarga, en el Decreto-Ley también se incluye la cláusula de revisión de los precios del Diésel, fijándose que la variación del precio del Diésel se repercutirá en la factura de forma separada. Para que el modelo sea viable, desaparece la cláusula ‘salvo pacto en contra’ y se obliga a que se actualicen los contratos que tenían otros modelos de revisión basados en el IPC anual. También habrá un periodo transición de seis meses. Siempre serán los transportistas los que deben exigir que se incluya esta revisión para que se repercutan las subidas del Diésel en los términos que marque la ley.

El Decreto-Ley también servirá para la transposición de la directiva del Paquete de Movilidad sobre Conductores Desplazados que permitirá el control de las empresas deslocalizadas, empresas ‘buzón’ y empresas extranjeras que hacen transporte internacional con España o servicios de cabotaje. Todas estas empresas tendrán que darse alta en el IMI. De forma paralela, también se ha incluido una disposición para reforzar con más personal los servicios de Inspección de Transporte actuales. El Ministerio propone a su vez la creación de un Buzón Anónimo de denuncias para comunicar cualquier tipo de irregularidad.

A cambio de todas estas ‘concesiones’, el Gobierno se ha asegurado de conseguir la ampliación de las medidas y pesos de los camiones. De hecho, en el Decreto-Ley se estipulará un aumento hasta los 4,5 metros de altura para los camiones que transporten paja, animales vivos o realicen suministros en distancias inferiores a 50 kilómetros. Se aumentará la Masa Máxima Autorizada (MMA) hasta las 44 toneladas en determinados ámbitos de transporte a partir de un calendario progresivo. Además, se simplificarán las autorizaciones para los conjuntos Eco-Combi o Dúo-Tráiler.

Fuera del Decreto-Ley quedan 10 medidas en las que CNTC y Gobierno se han puesto de acuerdo. Las cinco primeras pasan por el compromiso de mantener la devolución del Gasóleo Profesional en esta legislatura, la realización de un estudio sobre los tiempos de carga y descarga y posibles medidas regulatorias, la promesa de no imponer peajes a camiones y vehículos ligeros de transporte sin consenso del CNTC y si existen que estos se repercutan de forma inmediata en los contratos, la creación de un grupo de trabajo para analizar la escasez de conductores y cambios en las cotizaciones de los mismos.

Las últimas cinco medidas acordadas pasan por una línea de ayudas de hasta 140 millones de euros para la digitalización del sector, la aceleración de las devoluciones pendientes del céntimo sanitario -200 millones de euros- y el compromiso de mantener las ayudas al abandono de la actividad y formación, al menos durante la actual legislatura. También se va a mejorar la web del Ministerio de Transporte para mejorar el acceso a ciertos datos. Por último, se contempla la creación de una Ley de la Cadena de Transporte que establecería precios mínimos que permitieran cubrir como mínimo el coste de explotación del transporte.