España se comprometió con Bruselas a implantar un modelo de pago por uso de las autovías y autopistas españolas. Sin embargo, la frontal oposición del sector transporte, de los usuarios y de los adversarios políticos derivó en un giro de timón en el que el Gobierno de Pedro Sánchez descartó el pago por el uso de las vías de alta capacidad a cambio de instaurar un modelo de incentivos para el transporte ferroviario. Por el momento así se saldó esta cuestión, aunque con la Unión Europea hay siempre cierta letra pequeña

De hecho, la Comisión Europea ha abierto la pasada semana un procedimiento sancionador contra España -y otros 15 países- por no transponer la directiva europea que obliga a la implantación del modelo de pago por uso de las autovías. Este procedimiento se ha iniciado al no haber incorporador plenamente en sus normativas la directiva comunitaria que estipula el uso de peajes en las carreteras para financiar el mantenimiento y desarrollo de la red viaria europea englobada en la red de carreteras de cada Estado miembro.

En concreto, la Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento como primer paso para certificar la infracción a España, Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, además de a nuestros vecinos de Portugal. A no comunicar y/o completar la transposición a su legislación nacional de la normativa referida antes del 25 de marzo la modificación de la norma que se llevó a cabo en 2022 para entre otras cosas la utilización de peajes para el mantenimiento de la red viaria a partir de los costes derivados de la contaminación atmosférica.

Esta medida dibujada como una manera de fomentar la descarbonización de la movilidad y del transporte de mercancías por carretera para que haya una paulatina y creciente apuesta por los vehículos pesados libres de emisiones. Ahora sólo queda esperar para ver si España usa este emplazamiento para transponer la normativa y apostar por un modelo de pago por uso más allá de 2024, pese a la existencia del programa de promoción del transporte ferroviario.