El transporte de mercancías por carretera ha sido una de las actividades esenciales a lo largo del Estado de Alarma provocado por la pandemia de COVID-19. Pese a esta definición, lo cierto es que la actividad dentro del sector se ha reducido de forma notable, lo que ha llevado a un gran número de empresas de transporte a solicitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para sus trabajadores. Un procedimiento que está siendo aprobado en la gran mayoría de los casos.

Pese a que el transporte de mercancías por carretera se ha considerado actividad esencial en la crisis del COVID-19, esto no impide que los ERTE presentados por las empresas del sector sean aceptados por un condicionante de fuerza mayor. Y es que, aunque la actividad no se ha detenido como en otros sectores, las empresas de transporte se han visto sometidas a una bajada drástica de la demanda o a una inactividad casi total por causas extraordinarias que están asociadas a la crisis del coronavirus.

Estas causas extraordinarias son las que avalan que los ERTE se soliciten por causa de fuerza mayor y que, a su vez, las autoridades laborales competentes hayan aceptado la mayoría de ellos. Pese a que ha habido algunos problemas puntuales, en casi todas las comunidades los procedimientos de ERTE se han solucionado de forma favorable. Un proceso que deriva en que la Seguridad Social se hace cargo del 100% de las cotizaciones sociales de los trabajadores, además de pagar el 70% de las nóminas de estos. A cambio, las empresas se comprometen a mantener al trabajador un mínimo de seis meses después de retomar la actividad.

El normal desarrollo de los procedimientos de ERTE no ha sido tal en la Comunidad de Madrid, tal y como denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. Según explican desde FENADISMER, el gobierno regional de Madrid ha denegado proceso de ERTE a empresas con las mismas circunstancias y condicionantes que otras que sí han recibido el visto bueno. A eso hay que sumar un 15% de expedientes sin resolver, que un 30% de las solicitudes denegadas han sido fuera de plazo y que incluso ha habido cambios en la resolución de un mismo expediente en cuestión de días.