El sector del transporte de mercancías por carretera tiene que lidiar con distintos problemas de largo recorrido, pero pocos como la falta de conductores profesionales. La falta de chóferes es cada vez más notable y las compañías están teniendo cada vez más problemas en cubrir sus necesidades. Y dentro de este escenario, el cada vez más frecuente embargo de las dietas de los conductores asalariados por parte de las Administraciones Públicas supone una nueva piedra en el camino. Las asociaciones del sector piden una revisión de este criterio.

La ausencia de conductores profesionales en España es significativa y refleja el poco atractivo del sector. El 20% de las empresas de transporte están experimentando serias dificultades para cubrir los puestos de trabajo ofertados. Existen más de 15.000 ofertas de empleo que quedan vacantes por falta de candidatos, situación que promete con acentuarse en la próxima década mientras la edad media de los profesionales en activo crece preocupantemente. Una situación que curiosamente contrasta con el alto desempleo -en torno al 20%- que hay en España.

Una circunstancia ligada a las condiciones de trabajo del sector, pero también a medidas sin sentido. Entre ellas la dinámica en los últimos años de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social de obligar a las empresas de transportes a practicar en los embargos de sus conductores asalariados una retención del 100% de lo que perciben en concepto de dietas. De hecho, si una empresa no practica este embargo -al completo- se le reclamada a la empresa convirtiéndose ella en deudora, siendo considerada responsable solidario del abono de la deuda.

Al tratarse de un gasto en su actividad laboral que pagan de su bolsillo, el resultado es que el trabajo de conductor se hace todavía menos atractivo. Una situación que genera despidos y gastos para los empresarios, mientras que la fuga de talento provoca una mayor escasez de conductores que ya padece el sector. Aunque las asociaciones del CNTC han solicitado de manera formal considerar esta posición restrictiva para limitar la posibilidad de embargo, en la práctica la Administración continúa aplicando esta medida sin tener en cuenta los perjuicios que ocasiona al sector.