El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deberá resolver el recurso presentado en 2021 por siete países del Este de Europa contra el Paquete de Movilidad, aprobado en 2020. Este recurso se centra, principalmente, en la obligación de que los vehículos retornen cada 8 semanas a su país de matriculación y en las nuevas restricciones al cabotaje.

Hace unos meses, el Abogado General del Tribunal emitió un informe en el que se pronunciaba a favor de declarar ilegal esta medida. Aunque se espera la sentencia definitiva, es probable que la Corte Europea siga esta recomendación, tal como ocurre en la mayoría de sus decisiones.

En los últimos años, FENADISMER ha señalado que los países del Este de Europa han presentado una intensa ofensiva judicial contra varias disposiciones del Paquete de Movilidad, que fue aprobado por una gran mayoría en el Parlamento Europeo en 2020. Este paquete legislativo introduce medidas sociales y de competencia leal que impactan negativamente en las flotas de transporte de esos países.

Dichos países han contado con el apoyo de la Comisaria Europea de Transportes, Adina Valean, quien ha manifestado públicamente su oposición a la regulación aprobada. Valean, de origen rumano, continuará en funciones hasta que se nombre a su sucesor tras la formación del nuevo Parlamento Europeo.

Hasta 2020, la desregulación del mercado de transporte en Europa, sumada a los menores costos laborales y fiscales en estos países del Este, fomentó la “deslocalización administrativa” de grandes empresas de transporte, que trasladaron sus sedes a estos países mientras seguían operando en mercados occidentales.

Los países del Este han recurrido ante el Tribunal de Justicia de la UE la obligatoriedad de que los camiones retornen a su país de origen cada siete semanas, así como las nuevas restricciones al cabotaje. Se espera que el Alto Tribunal se pronuncie sobre este asunto el viernes 4 de octubre, según ha informado FENADISMER. Dado que el informe del Abogado General es favorable a declarar estas medidas como ilegales, es probable que la Corte Europea siga este criterio, aunque no sea vinculante, como sucede en la mayoría de sus fallos.