El plan director por un trabajo digno ha permitido regularizar 32.067 falsos autónomos, convertir 173.957 contratos temporales irregulares en indefinidos y ampliar la jornada de 36.694 contratos en el último año, según los datos presentados por la ministra de Trabajo en funciones, Magdaleno Valerio.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Valerio detallaba el balance del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, aprobado hace un año y que ha permitido también aflorar 126.751 empleos irregulares y elevar en 1.100 millones la recaudación en cuotas de la Seguridad Social.

En todos los puntos, Valerio señalaba que se han elevado los resultados frente al año anterior: en el caso de las conversiones de contratos temporales fraudulentos en indefinidos se trata de un alza del 83 %; mientras que en las afloraciones de empleos irregulares es del 44 % y del 58 % en las conversiones de contratos parciales en indefinidos.

En el caso de los falsos autónomos, donde se enmarca la situación de los «riders» de plataformas digitales como Glovo o Deliveroo, se han multiplicado por cinco las altas en la Seguridad Social y se han recaudado 217 millones de euros.

«No es legítimo que haya personas que obligan a sus trabajadores a darse de alta como autónomos, enmascara una relación laboral por cuenta ajena«, criticaba Valerio, que ya señaló, que abordar la situación de los «riders» está entre las prioridades cuando vuelva a haber un Gobierno con plenas funciones.

En total, casi 310.000 personas han visto mejoradas sus condiciones de trabajo gracias a este plan en el último año, indicaba Valerio.

La ministra también señalaba que este mes se reeditarán los dos planes de choque de lucha contra el fraude en la contratación -abusos en parcialidad y temporalidad- que ya se pusieron en marcha el verano pasado. Los planes contemplan un envío de 85.000 cartas, un 4 % más que el año pasado, a empresas sospechosas de incumplir la normativa con indicios de fraude que afectan a 238.015 trabajadores.

Tras este envío de cartas, se da a las empresas el plazo de un mes para regularizar posibles situaciones fraudulentas. La última fase, que se puede prolongar hasta final de año, consiste en comprobaciones y actuaciones de la Inspección de Trabajo, a la que Valerio ha querido agradecer los esfuerzos realizados.

En este sentido, también señalaba que se van a reforzar los recursos humanos y materiales de la Inspección y que el objetivo es ampliar un 23 % la plantilla.

La ministra explicaba que se va a llegar a 2.055 efectivos tras incorporarse el año pasado 87 inspectores, prever la incorporación de otras 101 personas y convocar oposiciones para 353 personas. Los inspectores de trabajo y Seguridad Social pidieron a Valerio una ampliación de plantilla y de los recursos disponibles, además de una reunión urgente para hacer un «diagnóstico» de la situación de este colectivo.