El Gobierno ha renovado los convenios de explotación de las nueve autopistas de peaje que quebraron tras la crisis financiera de 2008 y que el Estado rescató en 2017, asegurándose su gestión pública para los próximos diez años, con vencimiento en diciembre de 2032.

El Ejecutivo ha tomado esta decisión después de que en 2021, a pesar del impacto de la pandemia, estas autopistas obtuvieran un beneficio neto de 1,2 millones de euros, frente a las pérdidas de más de 6 millones del año anterior, superando incluso la facturación previa a la crisis sanitaria.

Desde 2018, estas carreteras de peaje (radial 2, 3, 4 y 5, M-12, AP-41, AP-36 y las AP-7 Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera)pasaron a ser gestionadas por la empresa pública Seitt, sociedad a la que se le ha vuelto a encomendar esta tarea para los próximos diez años, toda vez que los actuales convenios vencían el próximo 31 de diciembre.

Esta decisión le permitirá completar las inversiones pendientes y optimizar su organización y gestión, al mismo tiempo que programar actuaciones de conservación y mantenimiento de la vialidad, incluyendo una mejora de la señalización, integración ambiental, seguridad viaria, ordenación de accesos y uso de las zonas de protección de la carretera.

También se contemplan actuaciones de reforma, modernización, reposición, adecuación de túneles, iluminación, ampliación de capacidad, construcción de enlaces, ramales o nudos exigibles y todas aquellas actuaciones de digitalización y sostenibilidad encaminadas a incorporar las nuevas tecnologías.

Las actuaciones se financiarán mediante el cobro de los peajes a los usuarios y las aportaciones de capital del Ministerio de Transportes de hasta un máximo 128 millones de euros entre 2023 y 2025, para acelerar su ejecución y cubrir el déficit que se generará en estos años.

El Gobierno también ha anunciado que las tarifas de estas autopistas volverán a quedar congeladas para este año, después de que desde 2018 no se hayan subido ninguna vez, al mismo tiempo que se incluirán bonificaciones ligadas a motivos medioambientales.

Por otra parte, Seitt ha licitado dos nuevos contratos concesionales para seis áreas de servicio, una en la M-50 (Atalaya) y las otras en cinco de las autopistas rescatadas (La Sagra en AP-41, Mazarrón en AP-7, Meco en R-2, Tambora en R-3 y Polvoranca en R-5).

El importe de licitación asciende a 44,4 millones de euros, con un plazo de concesión de 5 años, e incluye actuaciones encaminadas a la sostenibilidad como la instalación de paneles solares y puntos de recarga.