El Gobierno ha rechazado las peticiones solicitadas por las empresas privadas que explotan algunas autopistas de peaje españolas que buscaban compensaciones por las reducciones de los tráficos como consecuencia de la propagación del Covid-19 entre la población.

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han explicado a Europa Press que estas peticiones correspondían a periodos de tiempo fuera del estado de alarma inicial, en concreto a los que transcurrieron entre junio y octubre de 2020 (nueva normalidad) y desde ese mes hasta mayo de 2021 (segundo estado de alarma).

Las concesionarias Acesa, Aulesa, Ausol, Avasa y Castellana, principalmente de Abertis, pedían que se les reintegrasen los ingresos no percibidos a causa de la caída de tráfico respecto de la esperado, tomando como referencia sus ingresos en 2019 actualizados.

Sin embargo, el Gobierno defiende que ninguna solicitud acredita la relación de causalidad entre la adopción de una medida concreta y la pérdida de ingresos, sin demostrar que dicha disminución de ingresos haya supuesto un desequilibrio económico de la concesión.

En el período de ‘nueva normalidad’, recuerda que no se establecieron límites a los desplazamientos de manera generalizada en el ámbito estatal y se permitía viajar entre comunidades autónomas o municipios, mientras que el segundo estado de alarma se caracterizó por la ausencia de una limitación a la movilidad de ámbito estatal.

Así, la doctrina del riesgo imprevisible no puede aplicarse para garantizar el beneficio al contratista y tampoco se aplica la fuerza mayor porque, entre otras cosas, el carácter tasado y la interpretación restrictiva tampoco permiten equiparar una pandemia a esos fenómenos.

Una vez estudiadas las solicitudes, con la preceptiva audiencia a los interesados, tras el informe de la Abogacía del Estado y de acuerdo con el dictamen favorable del Consejo de Estado –solicitado ante la oposición de los concesionarios a la propuesta de resolución–, el Gobierno ha resuelto en un solo trámite todas las solicitudes por acumulación de las mismas, mediante el acuerdo de Consejo de Ministros aprobado este martes.

El Ejecutivo recuerda que en el periodo de alarma declarado de marzo de 2020 se promulgaron los reales decretos para hacer frente al impacto económico y social de la pandemia, considerándose las condiciones por las que se podían solicitar compensaciones, una fase que ya concluyó con la ampliación para la sociedad concesionaria Aulesa, que gestiona la autopista AP-71, de 9 días de contrato.