Las grandes compañías energéticas han ejercido presión sobre el Gobierno para evitar su contribución al impuesto extraordinario, logrando resultados favorables. En lugar de este impuesto, el Ejecutivo propone ahora un aumento en el impuesto al diésel de automoción, que afectará directamente a los consumidores finales y a los transportistas autónomos. Esto probablemente generará un incremento generalizado de los precios al consumo, señala la Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles (AOPYDE) en un comunicado.

El impuesto extraordinario para las grandes energéticas y el sector bancario se había diseñado como una medida temporal destinada a que las empresas con altos beneficios durante la reciente crisis energética y financiera asumieran una mayor responsabilidad fiscal. Su objetivo era reforzar las finanzas públicas y reducir el impacto de la inflación sobre la población española, implementando una fiscalidad progresiva que exigiera un mayor aporte a quienes obtuvieron beneficios extraordinarios en estos años de crisis.

Poder de lobby y amenazas de reducción de inversiones

A pesar de los objetivos sociales y económicos de este impuesto, grandes empresas como Repsol y Cepsa, con el respaldo de partidos nacionalistas que vinculan su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, han amenazado con disminuir sus inversiones en proyectos de energías renovables si la medida no era retirada. Mostrando su fuerza y capacidad de influencia, estas empresas lograron que el Gobierno eliminara el impuesto, evidenciando una situación de presión fiscal que compromete la equidad tributaria y traslada la carga al consumidor final.

Impacto sobre consumidores y transportistas

Para compensar la eliminación del impuesto a las energéticas, el Gobierno implementará a partir de enero de 2025 un incremento de 10 céntimos en el impuesto sobre el diésel. Esta medida afectará especialmente a los consumidores y a numerosos transportistas españoles, actores fundamentales en el transporte de mercancías en el país.

Las asociaciones del sector del transporte advierten que este aumento pone en riesgo la viabilidad de miles de transportistas autónomos, dueños de vehículos de menos de 7,5 toneladas, que representan una tercera parte de la flota nacional. Al no poder acogerse a la devolución de impuestos del gasóleo profesional, estos transportistas asumirán todo el impacto de este nuevo impuesto, lo cual amenaza tanto su sostenibilidad como el costo final de los productos para los consumidores.

Por estas razones, AOPYDE insta al Gobierno a reconsiderar la medida y defender los intereses de los ciudadanos y pequeños empresarios en España. Solicitan que las grandes energéticas asuman una carga fiscal proporcional a sus beneficios y que se libere a los transportistas y al consumidor final de un coste adicional injusto. El sistema fiscal debería priorizar la justicia y proteger a los sectores más vulnerables, en lugar de ceder ante los intereses de un reducido grupo de grandes corporaciones, afectando de nuevo la competitividad del sector.