El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha autorizado licitar tres contratos de conservación y explotación para carreteras del Estado en Cantabria, Madrid y la provincia de Barcelona, por un valor estimado de 142,4 millones de euros para abarcar 435 kilómetros, de los cuales 191 son autovía.

En concreto, los contratos de Madrid y Barcelona tienen una duración de tres años, con posibilidad de prórroga por otros dos años más y una adicional de nueve meses, mientras que el de Cantabria se extenderá durante tres años y tres meses, con posibilidad de prórroga de un año y nueve meses y otra adicional de un máximo de nueve meses más.

Los pliegos contienen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y las actuaciones se enmarcan en el programa del ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Así, los trabajos consisten en la vigilancia y atención de accidentes, vialidad invernal, control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones, además de determinadas tareas específicas de rehabilitación y mejora de firmes y señalización, entre otras obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía en determinadas carreteras.

Según ha informado el Gobierno, en Cantabria se invertirán 29,83 millones de euros en el mantenimiento de 159 kilómetros; en Madrid, 68,15 millones de euros para 179 kilómetros y en la provincia de Barcelona, 44,42 millones de euros para 97 kilómetros.

Estos tres contratos autorizados este martes por el Consejo de Ministros se suman a los 13 aprobados en el último mes, cuyo valor global asciende a 339 millones de euros para 2.375 kilómetros de carreteras del Estado.

SOSTENIBILIDAD

Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de estos contratos de conservación y explotación contemplan objetivos de mitigación y compensación de la huella de carbono, lo que implica que las empresas deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera.

Asimismo, estas se comprometerán a presentar un plan de descarbonización en los seis primeros meses de contrato con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono a los cinco años desde el inicio del contrato.

Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la Red de Carreteras del Estado.