El Gobierno ha calculado un coste provisional de 306,9 millones de euros por el rescate de la autopista radial de peaje AP-7 Circunvalación de Alicante, una de las nueve autopistas que quebró durante la crisis financiera y que actualmente gestiona el Estado.

Esta cantidad es ligeramente superior a los 303 millones de euros que calculó el pasado mes de julio, tras restar al coste de las obras y de las expropiaciones las inversiones que todavía requiere la infraestructura, las indemnizaciones pagadas por expropiaciones y los importes necesarios para que la Administración se haga cargo de futuros pagos.

En este sentido, la llamada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que es el importe que debe pagar el Estado a los concesionarios de las vías por la inversión realizada en su construcción que aún no habían amortizado, asciende a 321 millones de euros.

Esta cifra valora las obras en 277 millones y las expropiaciones en 78 millones, a lo que se resta las inversiones necesarias de 18 millones, las indemnizaciones pagadas de 16 millones y la retención provisional de 19 millones para hacer frente a situaciones pendientes, lo que resulta en 307 millones.

El Departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez explica en un comunicado que estas cantidades no son aún definitivas y serán revisadas en las Resoluciones Complementaria y Definitiva, que se determinarán cada seis meses para tener en cuenta las situaciones pendientes de expropiaciones, motivo por el cual se ha retenido parte de la RPA calculada.

La circunvalación de Alicante fue construida por la concesionaria Ciralsa, integrada por ACS, Abertis y Globalvía. Se trata del segundo rescate más caro de todos los comunicados hasta ahora para las nueve autopista que quebraron, tras los 411 millones ya abonados por la AP-36 Ocaña-La Roda (Albacete), que construyeron Ferrovial y Europistas.

En el resto, asciende a 283 millones por la autopista AP-7 Cartagena-Vera (Globalvía y Ploder), a 119 millones por las radiales de R-3 y R-5 (bajo una única sociedad constituida por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia), a 53 millones de euros por la AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi), a 46 millones por la M-12 (OHL) y a cero euros para la R-4 (Ferrovial y Sacyr). La R-2 todavía no ha obtenido su RPA.

Los contratos fueron resueltos por un acuerdo del Consejo de Ministros en julio de 2018, ordenando al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que tramitara el expediente de liquidación del contrato. Ese año, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa) asumió la explotación de estas carreteras.