Paralelamente, las asociaciones empresariales de transporte en Madrid celebran el fallo judicial y confían en que el Ayuntamiento esté dispuesto a negociar con ellas para facilitar una transición más equitativa para los autónomos y pequeñas empresas.

La semana pasada informamos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid y las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección debido a la falta de justificación sobre el impacto económico que estas medidas restrictivas podrían tener en la población más vulnerable, especialmente los autónomos y pequeñas empresas, quienes enfrentan mayores dificultades para adaptarse a las nuevas tecnologías.

El Ayuntamiento disponía de treinta días para apelar la sentencia ante el Tribunal Supremo, y ha confirmado que ya está trabajando en ello. A la par, el Área de Medio Ambiente está desarrollando una versión mejorada de la Ordenanza de Movilidad que corrija las deficiencias de la normativa actual, anulada por el tribunal.

Además, el Ayuntamiento ha asegurado que, mientras la sentencia no sea definitiva (y en tanto se recurra), las Zonas de Bajas Emisiones, las cámaras de control y las restricciones, así como las sanciones, seguirán en vigor y aplicándose con total firmeza.

Es importante recordar que la Ley de Cambio Climático exige que todas las ciudades con más de 50.000 habitantes implementen Zonas de Bajas Emisiones para mejorar la calidad del aire. Sin embargo, en España solo Madrid y Barcelona han implementado este tipo de protección de manera efectiva. Cabe destacar que la Ley es un reflejo de la normativa europea, que establece límites de emisiones y criterios para garantizar la calidad del aire en grandes ciudades, y que tanto Madrid como Barcelona ya han enfrentado sanciones económicas por no implementar políticas ambientales adecuadas que redujeran las emisiones.

El gobierno de Madrid, bajo la dirección de Almeida, decidió reformar la normativa de restricciones establecida por el anterior Ayuntamiento, conocida como Madrid Central, para crear un nuevo sistema de Zonas de Bajas Emisiones y Zonas de Bajas Emisiones Especialmente Protegidas. Este sistema es más restrictivo que el anterior y abarca todo el municipio, lo que ha contribuido a reducir las emisiones y a mejorar la calidad del aire. No obstante, estas exigencias han excluido o están cerca de excluir a numerosos autónomos y pequeñas empresas que no pueden renovar sus flotas por vehículos de cero emisiones.

Desde el Ayuntamiento se defiende que «Madrid es un modelo de éxito y la ciudad menos contaminada de Europa«, destacando que es un referente en sostenibilidad y movilidad. Asimismo, han reafirmado que «el Ayuntamiento no renunciará a este modelo exitoso», lo que ha generado críticas entre las asociaciones empresariales de transporte de la Comunidad, como FENADISMER Madrid. Estas organizaciones han sido críticas con la Ordenanza, ya que consideran que margina a muchos autónomos y pequeñas empresas, quienes no pueden afrontar el elevado coste de los vehículos de cero emisiones, cuya oferta es limitada y no cubre todas las necesidades del sector.

FENADISMER y las demás organizaciones reconocen la necesidad de establecer Zonas de Bajas Emisiones, como exige la Unión Europea y por el bien de la salud pública, pero creen que se podría haber hecho de manera menos restrictiva y más favorable para los transportistas y los ciudadanos más vulnerables.

«Considerando que la sentencia aún no es firme y que el Ayuntamiento ya ha anunciado su intención de recurrirla en casación, así como de mantener las Zonas de Bajas Emisiones y las medidas restrictivas que las regulan, las asociaciones afectadas consideran que es el momento de que sus demandas sean escuchadas. El revés judicial sufrido por aprobar y mantener una normativa sin estudios de impacto económico correctamente realizados pone de manifiesto la necesidad urgente de dialogar sobre la viabilidad de las Zonas de Bajas Emisiones en Madrid y sus efectos económicos en los colectivos más vulnerables, como empresas y autónomos del transporte profesional. Asimismo, exigen que se asuman responsabilidades por parte de los responsables políticos y técnicos que han ocasionado esta situación«, concluyen las organizaciones empresariales de transporte en Madrid.