La Diputación de Guipúzcoa no sólo ha mostrado un claro afán recaudatorio con unos peajes a todas luces ilegales, tal y como ha ratificado la justicia en repetidas ocasiones, sino que ahora también está demostrando un afán confiscatorio al no aceptar las reclamaciones que están realizando los transportistas para recuperar un dinero que es suyo. Mientras tanto y para no perder las costumbres, la Diputación trabaja en el nuevo proyecto para que los peajes vuelvan a estar activos en los próximos meses.

El sindicato de transportistas autónomos Hiru ha vuelto a señalar la actuación de la Diputación de Guipúzcoa, considerando inaudito que la Administración no atienda las reclamaciones que se han realizado sobre los peajes cobrados ilegalmente en la N-I y A-15 después de que estos fueran anulados por los tribunales. Desde Hiru se estima que las cantidades cobradas desde principios de 2018 deberían haberse devuelto ya. Además, debería haberse hecho de oficio puesto que se dispone de los datos de todos los transportistas.

Desde la Diputación de Guipúzcoa se han negado desde el principio a realizar las devoluciones de forma automática y alegan que solamente van a atender las reclamaciones individuales, algo que ahora parecen haber olvidado. Un movimiento estratégico para obligar a todos los transportistas afectados a acudir a la vía judicial para reclamar su dinero, lo que pueda acabar en que muchos de ellos arrojen la toalla ante las dificultades que están teniendo para recuperar algo que es suyo.

Según una reciente publicación de ‘Diario Vasco’, un total de 335 transportistas profesionales han presentado 303 reclamaciones por valor de 2.9995.724,67 euros, pero todos y cada uno de los expedientes han sido desestimados. Entre los transportistas bajo el paraguas de Hiru se han presentado 123 reclamaciones en la sede electrónica de la Diputación por un importe cercano a los 60.000 euros, en este caso sin respuesta a la espera de ser desestimados como todas las anteriores reclamaciones.