La actitud beligerante de la Diputación Foral de Navarra en relación a los peajes a camiones en la N-1 y A-15 una vez que la justicia los ha declarado ilegales hacía presagiar que el Ejecutivo regional iba a contraatacar. El nuevo proyecto de Norma Foral promovida por la Diputación no se ha hecho esperar con el fin de sustituir los dos reglamentos anteriores, declarados nulos por el Tribunal Supremo. Y lo ha hecho a lo grande, ya que el nuevo proyecto propone triplicar el importe del futuro peaje a cobrar en estas autovías a camiones.

Mientras que se ha admitido recientemente a trámite la querella presentada contra Aintzane Oiarbide, diputada Foral de Infraestructuras de Guipúzcoa y contra la empresa pública Bidegi por la gestión de los peajes de la N-1 y A-15 una vez que habían sido declarados ilegales, el Gobierno regional ya ha empezado los movimientos necesarios para asegurar la tercera norma foral que vuelva a validar los peajes. La clave del nuevo texto es corregir los puntos que han tumbado los anteriores peajes por su factor discriminatorio a la par que eleva el importe hasta triplicar las tarifas anteriores.

La propuesta de la Diputación foral pasa por someter a peaje prácticamente todo el trazado de ambas vías, a fin de tratar de no incurrir en los errores jurídicos que afectaron a la normativa anterior. Para tal fin, se establecerían 32 puntos de control para el cobro del peaje, frente a los 4 existentes actualmente. A fin de asumir la inversión de la infraestructura, está previsto incrementar sustancialmente el importe de los peajes. De hecho, las tarifas pueden llegar a triplicarse, en una clara venganza contra el transporte profesional por tumbar peajes anteriores.

Tanto la N-I como la A-15, que se pretenden someter al nuevo canon, no son vías asimilables a las autopistas de alta capacidad en cuanto a su diseño y trazado. Pese a todo, el importe que se puede fijar en los peajes supera con creces el importe medio de los peajes de las vías de alta capacidad del resto territorio nacional. De hecho, el pago propuesto asciende a 0,28 euros por kilómetro recorrido para los camiones de mayor tonelaje, mientras que el precio medio en el resto de autopistas es de 0,19 euros. Esto implica que cada camión debería pagar hasta 14,80 euros por trayecto.