La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado un proyecto para crear una ordenanza tipo para regular la distribución urbana de mercancías en todo el país, dibujando así un marco legal que puede ser aplicado por las grandes ciudades y el resto de localidades de toda España. Uno de los objetivos de la DGT con este reglamento tipo es definir algunos aspectos clave como horarios de distribución o la gestión de las plazas de carga y descarga, siendo esto último uno de los puntos más conflictivos de la actividad.

La distribución urbana, conocida como distribución de la ‘última milla’, ha crecido de manera notable en los últimos años, alimentada en gran medida por el desbordante crecimiento del ecommerce. Como consecuencia de este aumento de la actividad, la DGT viene registrando también un alarmante incremento de los accidentes de tráfico en núcleos urbanos en los que se ven implicados vehículos ligeros de transporte de mercancías. Por este motivo, la DGT ha querido definir el marco legal de una manera general de la distribución urbana de mercancías.

Algunos de los problemas que afectan de forma normal al reparto urbano de mercancías están ligados a la seguridad vial, a la matización de algunas cuestiones jurídicas y al siempre difícil acceso a las plazas de carga y descarga. En un escenario en el que el comercio electrónico y las entregas a domicilio no paran de crecer, la DGT ha decidido tomar cartas en el asunto y en boca de Susana Gómez, subdirectora adjunta de Vehículos de la DGT, ha anunciado que el organismo trabaja en la elaboración de un estudio para diseñar una ordenanza tipo para el sector.

Esta ordenanza tipo pretende definir una regulación básica de la distribución como base para que todos los ayuntamientos actúen con una normativa homogénea que permita a empresas y operadores tener una seguridad jurídica en sus operaciones. Más allá de este punto, la DGT finalizará a finales de año el proyecto de Real Decreto con medidas específicas para el tráfico en áreas urbanas, documento en el que se incluyen medidas como la reducción general de la velocidad máxima a 30 km/h y un reglamento de certificación técnica de los denominados vehículos de micromovilidad como patinetes, bicicletas y pequeños vehículos eléctricos de distribución.