El Defensor del Pueblo se ha posicionado en favor de la postura esgrimida por FENADISMER e insta al Ministerio de Industria a que suprima la orden trampa que recorta la vigencia de las ITV. Desde este órgano se denuncia que la decisión del Gobierno de aplicar la fecha de la revisión de la ficha técnica y no la fecha del día que se acude a la ITV tras la prórroga hace que los conductores y profesionales del transporte pierdan meses de vigencia en la ITV o, en el peor de los casos, obliga a superar la inspección dos veces seguidas.

La polémica aplicación de la prórroga para cumplir con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para aquellos usuarios y profesionales del transporte que no pudieron hacerlo en fecha por el Estado de Alarma o justo tras el final del mismo sigue sin ser subsanada. Aunque FENADISMER ha solicitado que se solucione esta trampa que recorta la vigencia de la revisión del ITV, ahora con el apoyo del Defensor del Pueblo, desde el Ministerio de Industria no se ha iniciado ningún procedimiento para poner solución a este conflicto.

Desde FENADISMER y el Defensor del Pueblo se recuerda que esta decisión, con un presunto carácter recaudatorio, supondrá una carga administrativa adicional para más de 4 millones de conductores y profesionales de transporte. Un claro intento por garantizar el volumen de negocio para las Estaciones de ITV y compensar las pérdidas acumuladas durante el Estado de Alarma al tener que permanecer cerradas, pero que atenta contra los derechos de los dueños de los cuatro millones de vehículos afectados por esta Orden Ministerial publicada el pasado mes de mayo.

En este aspecto, el Defensor del Pueblo, haciéndose eco de los argumentos planteados en las últimas semanas por FENADISMER, considera que el Ministerio de Industria con la medida «de descontar el periodo de prórroga está acortando de manera artificial la duración de las ITV, provocando el efecto de obligar a los particulares a realizar la siguiente inspección antes de lo previsto. En este sentido, carece de lógica acortar artificialmente la vida de la última ITV, ya que obliga al usuario a realizar dos inspecciones seguidas en un corto lapso de tiempo que, en los casos más extremos, puede ser en cuestión de pocos días. Ello genera un coste y una carga administrativa para los propietarios injustificable«.