La jubilación anticipada a los 60 años para conductores de transporte en carretera, garantizando el 100% de la pensión, es la principal medida pactada en octubre entre sindicatos y patronal para mejorar las condiciones laborales del sector. Este acuerdo, alcanzado in extremis ante la amenaza de una huelga que hubiera paralizado las Navidades, podría facilitar el retiro de más de 2.500 transportistas gallegos en la próxima década. Sin embargo, la falta de consenso y los trámites pendientes complican su implementación.

Un pacto clave para un sector en crisis

El acuerdo, que también incluye actualizaciones en la prevención de riesgos y revisiones médicas obligatorias, surgió tras la presión de los transportistas, quienes demandaban rebajar la edad de retiro debido a la «penosidad y peligrosidad» de la profesión. El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), junto con los sindicatos CC OO, UGT y SLT, logró que se incluyeran coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación.

Sin embargo, dos meses después, el avance es lento. La falta de participación de UGT en reuniones clave ha provocado tensiones. CC OO denunció que esta ausencia podría responder a intereses relacionados con un futuro real decreto del Gobierno que podría modificar las condiciones del acuerdo.

Impacto en la escasez de personal

Aunque la jubilación anticipada es una reivindicación histórica, su puesta en marcha supone un desafío para un sector que ya enfrenta una alarmante falta de personal. Según Myriam Otero, secretaria general de la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera en Galicia (Apetamcor), el 70% de los conductores gallegos supera los 55 años, mientras que cada año se necesitan al menos 500 nuevos transportistas para cubrir la demanda.

«Necesitamos relevo generacional, pero el coste de esta medida recaerá sobre las empresas, y el Gobierno no está haciendo nada para frenar la situación», advierte Otero. La situación laboral de los transportistas, que compara con la de «un marinero de tierra» por sus riesgos y exigencias, agrava las dificultades para atraer a nuevos conductores.

Barreras de entrada y posibles soluciones

Entre los factores que dificultan el acceso al sector, Otero destaca el elevado coste de obtener la licencia para conducir camiones, que puede superar los 6.000 euros, y el largo proceso burocrático, que puede extenderse más de siete meses. Además, critica la falta de escuelas especializadas en transporte, un recurso común en otros países europeos que podría facilitar el relevo generacional y profesionalizar el sector.

En resumen, mientras la jubilación anticipada representa un avance en las condiciones laborales de los transportistas, su implementación plantea retos significativos. La necesidad de relevo generacional y la falta de apoyo gubernamental podrían agudizar la crisis de personal en un sector esencial para la economía.