El sector del transporte de mercancías por carretera, así como otros sectores en los que la tasa de morosidad es alta, observan con atención el giro de los acontecimientos que se está dando en torno a la Ley de Morosidad sobre la que trabaja la Unión Europea. Esta normativa tiene como punto estrella la reducción a 30 días del plazo máximo de pago y la creación de un severo régimen sancionador a los clientes, empresas e intermediarios que no cumplan con este plazo máximo de pago.

Hace apenas un mes el Parlamento Europeo daba luz verde a este Reglamento Europeo contra la Morosidad, normativa que además está bastante alineada con la que se utiliza en el sector del transporte de mercancías por carretera en España. Sin embargo, esta norma que busca acabar con los plazos abusivos de pago, ya que estos atentan contra la viabilidad de pymes y autónomos, ha sufrido un duro revés con su llegada al Consejo Europeo, donde se pretende un reglamento más ‘tibio’.

La presidencia belga del Consejo Europeo ha propuesto a los Estados miembro que componen este organismo una serie de medidas que no hacen otra cosa que ‘descafeinar’ el proyecto de Reglamento Europeo de lucha contra la Morosidad. El texto alternativo presentado no sólo incluye numerosas modificaciones, sino que plantea la posibilidad de convertir la propuesta en una Directiva y abandonar el estatus de Reglamento, lo que sobre el papel ocasionará una clara fragmentación en su aplicación.

Además, la propuesta belga amplía el plazo máximo de pago de 30 días en numerosos sectores y elimina muchas de las medidas propuestas para mejorar la transparencia que debe existir en las relaciones comerciales entre empresas. El Reglamento original no sólo contemplaba un plazo máximo de pago de 30 días salvo en contadísimas excepciones, sino que dibujaba severas sanciones por el incumplimiento de este plazo e incluso prohibía la utilización de medios de pago que pudieran alterar los plazos y/o condiciones de pago.