El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley 14/2022 que incluye todas las medidas de sostenibilidad económica destinada al sector del transporte de mercancías por carretera. Un paquete de medidas que nació del acuerdo alcanzado durante el mes de julio en las negociaciones entre los responsables del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y los representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Su aplicación debería aliviar la difícil situación de una actividad clave para la economía española.
Cabe recordar que el citado Real Decreto-Ley incluye una serie de cuestiones claves para la supervivencia del sector del transporte de mercancías por carretera. En primer lugar, pone las bases de la reedición de la línea de ayudas directas por tipo de vehículo que se estableció en marzo. También incluye la denominada Ley de la Cadena del Transporte que prohíbe la contratación a pérdidas, la generalización de la contratación por escrito y la prohibición de la realización de las tareas de carga y descarga por parte de los conductores profesionales.
La prohibición de contratación a pérdidas es una medida que se puede considerar pionera en el ámbito de la Unión Europea, ya que ningún otro Estado miembro tiene una regulación similar para el sector del transporte de mercancías por carretera que sirve para proteger de manera efectiva al último eslabón de la cadena de transporte, al transportista efectivo. La ley no impone tarifas obligatorias porque vulneraría la libre competencia, pero sí prohíbe que se impongan precios que no permita cubrir costes de explotación de dicho servicio.
La convalidación del Decreto-Ley incluye su conversión en proyecto de ley, por lo que existe la posibilidad de introducir enmiendas durante su tramitación, aunque el contenido es de plena aplicación desde su aprobación. En este sentido, el sector transporte quiere mejorar el texto en lo relativo a la contratación por debajo de costes para que se tengan en cuenta los casos de transporte continuado, ya que estos han quedado fuera del régimen sancionador. Desde la propia actividad entienden que la ley deberá ir puliéndose a partir de su aplicación.