Ante la escasez de tacógrafos inteligentes de segunda generación y la obligatoriedad en su instalación en camiones y autobuses de nueva matriculación a partir de este 21 de agosto, la Comisión Europea ha escuchado al transporte profesional y ha publicado el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/980 para establecer un régimen transitorio en la instalación de este tipo de dispositivos en los nuevos vehículos. España ya había fijado una medida extraordinaria de prematriculación por si no había movimientos desde Bruselas.

La normativa original de la Unión Europea estipulaba que, a partir de hoy, 21 de agosto de 2023, todo vehículo industrial pesado de nueva fabricación y matriculación debía incorporar el nuevo tacógrafo inteligente de segunda generación con geolocalización con el fin de mejorar el control de los tiempos de conducción y descanso y el cumplimiento de otras normas asociadas al desplazamiento de los conductores y vehículos. Sin embargo, la homologación de este tipo de dispositivos ha sido lenta y la producción también, lo que deriva en la escasez de estos tacógrafos.

Por este motivo, la Comisión ha aprobado el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/980 que define un régimen transitorio para adaptar el software de los tacógrafos inteligentes y la instalación de tacógrafos de transición con todas las funcionalidades establecidas hasta ahora en los camiones y autobuses de nueva matriculación. Además, con este reglamento se permite que los certificados de homologación de este tipo de unidades se puedan solicitar hasta el 31 de diciembre de 2023 o incluso en fecha posterior si así se requiere.

Antes de la publicación de este reglamento europeo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) ya había tomado medidas para evitar esta crisis provocada por los retrasos en la fabricación de los nuevos tacógrafos. En este sentido, se había instaurado un régimen de prematriculación de camiones y autobuses que no puedan venir equipados con el nuevo tacógrafo, para que su fecha de matriculación fuera anterior al 21 de agosto, aunque su entrega fuera posterior. Al menos 10.000 vehículos de transporte se hubieran visto afectados por esta medida de no haber respuesta desde la Unión Europea.