La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia analizará los obstáculos a los que se enfrenta España a la hora de llevar a cabo la expansión de la infraestructura de carga necesaria para dar soporte a la movilidad eléctrica. Desde Competencia se estima que el ritmo de despliegue de la red no permitirá cumplir con los objetivos de electrificación fijados, ya que esta red de recarga es un elemento imprescindible para que la movilidad eléctrica pueda generalizarse.

Para analizar esta circunstancia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrirá una consulta pública para recabar las opiniones de los diferentes actores del sector, incluido los representantes y responsables del transporte profesional. Una circunstancia que está muy ligada a la lentitud a la hora de cumplir con los objetivos que fija el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que pretende que las energías renovables representen un 28% de la totalidad del transporte en 2030, lo que implica tener 540.000 vehículos eléctricos en 2025 y 5 millones en 2030.

En este sentido, Competencia estima que la red de recarga está siendo un freno para que se desarrolle la electromovilidad, ya que en la actualidad España cuenta con unos 20.000 puntos de recarga de acceso público, cifra que está lejos de los previos para poder cumplir con los objetivos del citado Plan. Una situación que Competencia quiere analizar con esta consulta pública que estará abierta hasta el 29 de septiembre y que está enfocada a empresas, asociaciones, administraciones públicas, usuarios y otros actores del transporte.

El objeto de esta consulta es recabar las opiniones de los diferentes agentes del sector respecto a los problemas que encuentran en el desarrollo de la instalación y puesta en marcha de las infraestructuras de recarga. La consulta pregunta por los puntos de carga privados y públicos, su distribución y los plazos de instalación. Quizá uno de los puntos débiles, ya que los plazos administrativos necesarios para instalar los puntos de carga son muy largos, lo que invita a cambiar la normativa actual de puesta en marcha de infraestructura de recarga.