El Comité Nacional de Transporte ha solicitado de manera formal a los responsables de la Diputación de Guipúzcoa que paralicen de una vez el cobro de peajes a camiones al ser ilegales y del todo discriminatorios. De hecho, la administración provincial sigue cobrando los peajes a los vehículos pesados dedicados al transporte de mercancías por carretera, aunque existe una sentencia del Tribunal Supremo en contra de los mismos. Y es que la Diputación de Guipúzcoa parece haber optado por ignorar esta resolución del alto tribunal.

Ante esta postura de los mandatorios guipuzcoanos, el Comité Nacional de Transporte ha insistido en reclamar la eliminación de estos peajes, así como la devolución de lo cobrado de manera injusta a los transportistas y empresas del sector. Desde el organismo se señala que la sentencia deja sin efecto todos los pagos realizados en estos peajes a camiones durante la vigencia de la norma, o lo que es lo mismo, entre el 9 de enero de 2018 y el 14 de mayo de 2019.

Además, el Comité Nacional pide al Bidegi -empresa concesionaria- y la Diputación Foral de Guipúzcoa que ofrezcan facilidades para que los transportistas y las empresas del sector puedan recuperar el dinero que les fue ilegalmente cobrado, con sus intereses, en el menor tiempo posible. A su vez, se pide a los organismos guipuzcoanos que deroguen el nuevo sistema, igual de ilegal y discriminatorio, ya que reproduce el esquema anterior de peaje. De hecho, el modelo actual también ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quedando la sentencia final a la espera de la resolución del recurso de casación presentado en el Supremo.

A la estela de este movimiento, distintas asociaciones de transportistas nacionales han instado también a la Junta General de Guipúzcoa a que acabe de una vez con los peajes a camiones en la N-1 y la A-15 por racionalidad y honestidad tras la sentencia del Tribunal Supremo. De igual forma, piden la devolución del dinero cobrado de manera ilegal y discriminatoria durante 17 meses a los transportistas. Mientras tanto, la postura de la administración provincial no parece moverse ni un ápice, pese al revés judicial vivido.