El departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha interpuesto una querella criminal contra Aintzane Oiarbide Iruretagoiena, diputada foral de Infraestructuras de Guipúzcoa, así como contra la empresa pública BIDEGI S.A. Esta querella nace de la creencia del CNTC de que los hechos acometidos por la responsable política y la empresa encargada de los peajes de la N-I y la A-15 pueden ser constitutivos de delito ante el cobro de estas tasas a camiones con una sentencia en contra del TSJ del País Vasco.

El CNTC ha presentado esta querella contra la responsable de Infraestructuras de la Diputación Foral de Guipúzcoa y contra la empresa pública BIDEGI como gestora de las autovías citadas en vista a que el canon previsto para la N-I y la A-15 para camiones se sigue cobrando. Aunque la Norma Foral 6/2018 del 12 de noviembre ampara estos peajes, a su vez existe una sentencia en firme del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declaró nula esta ley. A pesar de las dispares estrategias de la Diputación, la sentencia no se está cumpliendo.

A raíz de de esta decisión de la responsable de Infraestructuras de la Diputación Foral de Guipúzcoa y de la citada empresa, el CNTC entiende que debe dar un paso más a la hora de defender los derechos de sus representados y del sector del transporte de mercancías por carretera en general. Por ese motivo, el CNTC ha decidido acudir a los tribunales para solicitar el amparo ante la ley para un sector transporte que está aguantando el comportamiento contumaz de la titular de Infraestructuras.

En un breve comunicado, el CNTC explica que, ante la posición de la Diputación, la negativa a sentarse a escuchar las razones del transporte por carretera y la nula actividad para cambiar su política ante las sentencias judiciales se ve obligado a tomar esta decisión, ya que la titular de Infraestructuras «ahora prefiere atropellar a todo un sector del transporte, pasando por encima de las decisiones de los Tribunales. Todo ello antes que reconocer sus reiterados y gravísimos errores de gestión, que pretende ocultar entre declaraciones públicas fuera de tono y de desprecio hacia quien sólo defiende su derecho a trabajar y ganarse la vida sin intromisiones ilegítimas».