Comisiones Obreras (CCOO) ha cargado de manera muy dura contra la patronal del transporte, encarnada en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y contra el Gobierno por lo que se define como una clara falta de voluntad política para solucionar algunos de los graves problemas estructurales de la actividad. Por ese motivo, el sindicato insiste en su petición de formar una mesa de diálogo social en el que tengan voz y voto todas las partes del sector transporte.

Desde CCOO se señala que el problema en los costes del sector del transporte de mercancías por carretera no se debe tanto al aumento del precio del combustible como a la galopante y muy preocupante competencia desleal provocada por autónomos y empresas con la tolerancia de la Administración al no exigir el cumplimiento de la legalidad. Se denuncia desde la central sindical que no hay voluntad política de solucionar este problema estructura del sector y sí de perpetuar un escenario de competencia desleal y fraude.

El sindicato señala además que el fomento del empleo autónomo en el sector corresponde a la voluntad política de flexibilizar el mercado laboral mediante la externalización de riesgos y el abaratamiento de costes, sin que exista intención de revertir estas prácticas, sino más bien de rescatar a los que no pueden sobrevivir al mercado para perpetuar la situación. Afirmaciones que sólo se aplican a un sector en el que no se cumple de forma sistemática con los convenios colectivos y la legislación de tiempos de conducción y descanso, lo que facilita las prácticas irregulares y el deterioro de la actividad.

En esta línea, CCOO afirma que las empresas, salvo excepciones, no pagan los tiempos de espera al personal asalariado y sólo pagan cuando el camión está circulando mediante una tarifa por kilómetro. Si los cargadores bajan el precio del viaje, las empresas transportistas bajan la retribución del viaje a su personal asalariado o camuflan ciertos pagos con las dietas, además de no pagar las horas extraordinarias reales. Estas prácticas deben ser, a ojos de CCOO, analizadas y atajadas en una mesa de diálogo que incluya a los agentes sociales.