Las denominadas ‘empresas buzón’ han sido y son uno de los grandes males del sector del transporte de mercancías por carretera. Una situación que pretende atajar el Paquete de Movilidad, pero que de momento es parte intrínseca de la actividad. Y así ha quedado más que patente en la Comisión Europea en el último debate que ha habido en este organismo ante la precarización del sector transporte y que ha sido motivada por un reportaje televisivo en el que se asegura que hay 500 empresas ficticias en Europa y más de 150.000 conductores en condiciones precarias.

La comisaria europea Izaskun Bilbao ha sido la encargada de abrir el debate en la Comisión Europea sobre la movilidad de los conductores profesionales, la precaria situación que viven miles de chóferes y las prácticas abusivas de las denominadas ‘empresas buzón’. Un tipo de compañías que fijan su sede social en un Estado miembro en el que el salario mínimo sea muy bajo y efectúan en ese Estado las contrataciones de conductores, para luego operar en toda la Unión Europea realizando lo que se considera ‘dumping social’. Una práctica que no ha logrado frenarse con las medidas unilaterales de ciertos países.

El origen de la pregunta de la eurodiputada vasca sobre la precarización laboral en el sector del transporte de mercancías por carretera atiende a la publicación de un reportaje de ‘Euronews’ en el que se denunciaba que un empresario sueco había creado una empresa en Letonia para contratar conductores filipinos a razón de 670 euros mensuales para que vivieran de forma permanente en sus camiones durante un año. Se calcula que en total hay 500 empresas que realizan estas prácticas y mas de 150.000 conductores originarios de países de fuera de la Unión Europea bajo estas condiciones.

Precisamente la existencia de datos fiables sobre la dimensión del problema -0,19% de las autorizaciones totales- y cómo se piensa atajar esta práctica ha sido el tema tratado en la Comisión Europea. Con todo, se ha puesto de relieve que la creación de una empresa ficticia constituye una infracción de las condiciones del artículo 5 del Reglamento europeo de acceso a la profesión de transportista, si bien se insta a los Estados miembro a pelear contra esta práctica de manera efectiva amparados en el nuevo Paquete de Movilidad.