La Comisión Europea (CE) está lista para remitir al Parlamento una serie de medidas con el fin de frenar la morosidad en las relaciones comerciales entre las empresas y sus proveedores. En términos estrictamente vinculados al transporte profesional, la medida estrella de la Comisión Europea pasa por reducir el plazo máximo de pago de las empresas a sus proveedores de servicio de transporte. La idea es que el plazo máximo sea de 30 días en lugar de los 60 días que ahora permite Bruselas.
Cabe recordar que la Ley de Morosidad española, en línea con la Directiva europea, establece un plazo máximo de pago de 30 días, ampliable hasta los 60 en caso de acuerdo entre las dos partes de la relación comercial. En términos prácticos es este plazo de 60 días el que se fija en los acuerdos de transporte por la competencia existente dentro del sector. Una situación que ataca principalmente a pymes y autónomos, ya que los 60 días de plazo máximo en muchos casos se superan, restando liquidez a los pequeños transportistas.
De hecho, la morosidad en el pago de las facturas a los proveedores de transporte es uno de los problemas sistemáticos del transporte profesional europeo. Por este motivo, el anuncio de este Reglamento que reduciría el plazo máximo de pago a los 30 días es una noticia de gran calado para la economía europea en general y para el sector del transporte de mercancías por carretera en particular. La morosidad es un claro obstáculo para la competitividad y afecta en gran medida a la liquidez de las compañías de transporte.
La idea de la Comisión Europea no sólo pasa por reducir el plazo máximo de pago hasta los 30 días, sino también conferir mayores herramientas a las empresas de transporte para luchar contra la morosidad. De hecho, está previsto que si el reglamento sale adelante contenga un modelo de tasas compensatorias e intereses de carácter automático contra el deudor en los casos de morosidad. La Directiva también busca reducir la carga burocrática para facilitar el acceso a una reparación efectiva a través de litigios de mediación.