La Comisión Europea ha iniciado los trámites para pedir formalmente que hasta diez Estados miembro de la Unión Europea hagan una correcta transposición a su ordenamiento jurídico nacional de la norma que regula el desplazamiento de conductores profesionales en el sector del transporte de mercancías por carretera. Los países ‘apercibidos’ son Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Hungría, Italia, Eslovenia, Finlandia, Malta y Polonia. Todos ellos se enfrentan a un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea.

De hecho, la Comisión Europea ha enviado una carta de emplazamiento a Dinamarca y Francia por no haber notificado a la Comisión todas las medidas de transposición de la Directiva (UE) 2020/1057 a su legislación nacional. En el caso de Bélgica, Bulgaria, Italia, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Finlandia la notificación enviada por el organismo europeo está motivada porque las indicaciones que han realizado al respecto, no son lo suficientemente claras y precisas. En estos casos sí que se ha transpuesto la normativa, pero no se ha detallado el proceso.

La Directiva (UE) 2020/1057 establece las normas para el desplazamiento de conductores en el sector del transporte de mercancías por carretera y garantiza el derecho de los chóferes de recibir el salario del país al que han sido enviados. También define la normativa de cabotaje, los plazos de regreso de conductores y vehículos al país de origen y el marco legal con todos los requisitos administrativos y medidas de control para que los operadores puedan llevar a cabo sus servicios en otros Estados miembro.

Todos los países que componen la Unión Europea tenían hasta el 2 de febrero de 2022 para transponer todas las medidas de la directa a su ordenamiento jurídico. Pese a ello, Dinamarca y Francia no han garantizado la plena transposición de todo el reglamento y no han notificado el proceso a la Comisión. Por su parte, el resto de países no han indicado el proceso de una forma clara. Estos diez Estados miembro tienen dos meses para responder y tomar las medidas necesarias. De lo contrario, la Comisión puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).