Un grupo de 120 estaciones de servicio ha interpuesto una demanda de 600 millones de euros contra Repsol, Cepsa (Moeve) y BP. La reclamación se fundamenta en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que según estas gasolineras, confirma que las petroleras “fijaron directa e indirectamente el precio de venta” de los carburantes mediante los contratos establecidos. Esta resolución permitiría reclamar el impacto económico de estas prácticas en diversos actores del mercado, lo que justifica la cuantía demandada. La acción judicial se gestiona a través de la plataforma Afectados por las Petroleras, que también ha asesorado a transportistas perjudicados por la misma situación.

De acuerdo con la plataforma, la sentencia de noviembre del Alto Tribunal confirma que los contratos de arrendamiento de industria y suministro exclusivo objeto del caso incluían mecanismos indirectos de fijación de precios, similares a los que la Comisión Nacional de la Competencia (ahora CNMC) ya consideró como anticompetitivos en una resolución de 2009. Según la interpretación de Afectados por las Petroleras, esto “demuestra de manera indudable la existencia de prácticas colusorias en el mercado” llevadas a cabo por las tres petroleras.

La plataforma ha solicitado la nulidad de los contratos afectados por la sentencia y ha calculado los 600 millones de euros basándose en los efectos económicos que dichos contratos habrían generado en las 120 estaciones durante un periodo de 30 años. Este cálculo se habría realizado “siguiendo los criterios establecidos por la Guía de la Comisión Europea”, según detalla la asociación.

Además, el comunicado señala que esta es “la primera de las demandas previstas” en este contexto y anticipa que más gasolineras se sumarán a la acción en las próximas semanas. Las 120 estaciones actuales representan solo el 5% de las “potencialmente afectadas”, según la agrupación.