El modelo de pago por uso de las autovías sigue su curso a pesar de la oposición del sector del transporte de mercancías por carretera. El Gobierno de Pedro Sánchez está trabajando en dar forma a la base normativa de esta nueva medida, calificada por José Luis Ábalos en su papel de titular de la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como «una señal de sintonía con las políticas de Europa para recibir dinero de los fondos europeos». Aunque se ha enfocado como un proyecto necesario para recibir los fondos europeos, la realidad es muy distinta.

Una mentira se ha caído por su propio peso gracias a la pregunta de José Ramon Bauzá a Adina Valean, comisaria de Transporte de la Unión Europea. En su intervención, el eurodiputado de Ciudadanos planteaba si el proyecto de pago por uso de las autovías era cuestión impuesta por la Comisión o si por el contrario no había una exigencia directa desde la Unión Europea. Valean señalaba al respecto que no se trata de ninguna imposición de Europa y que los planes de recuperación y resiliencia son responsabilidad de los Estados miembro.

Ante esta aclaración, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha sido tajante, asegurando una vez más que el modelo de tarificación de las infraestructuras sólo responde a los intereses de las constructoras, que no cesan en su empeño de instaurar el pago por uso para sacar partido y repartirse el pastel de los ingresos. De hecho, la respuesta de la comisaria de Transporte pone de manifiesto que el ministro José Luis Ábalos no ha dicho la verdad y simplemente ha utilizado este argumento para justificar el proyecto.

La CETM señala que el pago por uso de las autovías pone en peligro la viabilidad de muchas empresas de transporte, algo que parece no importar incluso si el sector es vital para el funcionamiento de la economía y el abastecimiento de la población. De hecho, desde la Confederación se recuerda que el Ministerio de Transporte se comprometió por escrito con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) a no introducir peajes sin el consenso del sector. Sin embargo, esta promesa parece haber caído en saco roto.