FENADISMER ha denunciado públicamente las prácticas de algunas empresas cargadoras en relación con los servicios de transporte internacional, asegurando que hay ciertas compañías que fuerzan a los transportistas con vehículos ligeros a realizar servicios internacionales de forma ilegal sin cumplir con el requisito de posesión de una licencia comunitaria. En este sentido, muchos transportistas carecen de la misma o están en posesión de una licencia sin cumplir con los requisitos que establece la normativa.

Desde el pasado 22 de mayo, los transportistas con vehículos ligeros de más de 2,5 toneladas de Masa Máxima Autorizada (MMA) que pretendan realizar transporte internacional deben tener una licencia comunitaria. Este permiso expedido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se puede obtener con una declaración de responsabilidad firmada por el transportista en la que asegura cumplir con los requisitos necesarios para su posesión, evitando así demoras en su adquisición. Sin embargo, hay transportistas que por presión de los cargadores están obteniendo licencias sin cumplir con estos requisitos.

La no obligatoriedad de presentar documentos acreditativos de los requisitos exigidos para la obtención de la licencia ha provocado que determinadas empresas cargadoras hayan instado a sus transportistas a obtener ilegalmente estas licencias a través de determinadas gestorías, pese a no cumplir los requisitos de competencia profesional, establecimiento, honorabilidad y capacidad económica. Una práctica que puede suponer un delito de falsedad documental y que, sin embargo, no tiene ningún tipo de implicación legal para las empresas cargadoras que están empujando a ello.

El punto clave de la cuestión es que estas empresas cargadoras cuentan con la cooperación de gestorías especializadas que proceden a tramitar las licencias comunitarias solicitadas por los transportistas sin advertirles que la firma de esta declaración sin cumplir los requisitos es del todo ilegal y puede suponer un delito. De forma paralela, cabe recordar que la comprobación del cumplimiento de los requisitos citados se llevará a cabo en 2023 por las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las posibles inspecciones de control que se lleven a cabo de manera previa.