La Guardia Civil ha desmantelado un grupo delictivo dedicado a la venta fraudulenta de tarjetas de transporte de mercancías. En total hay 77 personas investigadas a las que se les imputan los delitos de falsedad documental, cohecho y prevaricación y cuatro de estos presuntos autores han sido ya detenidos en Melilla y Valencia.

Esta organización delictiva, integrada por ciudadanos españoles y marroquíes, propiciaba la obtención fraudulenta de las tarjetas de transportes de vehículos que eran utilizadas posteriormente en actividades relacionadas con el conocido como el ‘comercio atípico’, aquel que se realiza entre Melilla y Marruecos a través de los pasos fronterizos terrestres, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.

En él participan tanto vehículos como «porteadores», quienes transportan de forma física la mercancía y la introducen en territorio marroquí, amparados por el vigente régimen fiscal de viajeros.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo, cuando la Guardia Civil constató un desproporcionado aumento del flujo de mercancías. En los últimos tres años, se ha detectado un incremento de 200 a 1.000 vehículos dedicados a esta actividad en el conocido Barrio Chino de Melilla.

Los investigadores descubrieron que un gran número de tarjetas de transporte de mercancías (Mercancías Discrecional Ligero-MDL) habían sido expedidas en la provincia de Valencia y que habían sido emitidas de manera fraudulenta por un funcionario del Servicio Territorial de Transportes de Valencia. La tramitación de las solicitudes corría a cargo de dos gestorías conectadas entre sí, una en Melilla y otra en Valencia.

La organización cobraba a los peticionarios entre 4.000 y 5.000 euros por unas tasas que en la realidad no superan los 50 euros. El grupo utilizaba como ‘vehículos comodín’ los datos y la documentación de cinco furgonetas y camiones matriculados recientemente, procedentes de empresas de alquiler o transporte.

Al ser nuevos, podían acortar los tiempos totales de «la flota total de vehículos del solicitante«. De esta manera, las solicitudes se tramitaban como «ampliación de la tarjeta de transporte en la modalidad de flota», que en su conjunto no puede superar la edad media de seis años de antigüedad.

Además, a los solicitantes se les inscribía con un domicilio fiscal falso en Valencia para poder cumplir con los requisitos de la normativa vigente.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla ha realizado cinco registros en viviendas y gestorías en los que se han intervenido teléfonos de alta gama, ordenadores portátiles, diverso material informático en soporte, 11.750 euros y numerosa documentación que está siendo analizada.